Dos asociaciones denuncian al alcalde de El Ejido por provocar discriminación

Dos asociaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes interpusieron ayer una denuncia en el Juzgado de Instrucción de El Ejido contra el alcalde del PP, Juan Enciso, por su actuación durante los ataques xenófobos a magrebíes el mes pasado. Las organizaciones Derechos para Tod@s y la Organización Democrática de Inmigrantes Trabajadores en España (ODITE) consideran que el comportamiento de Enciso puede ser constitutivo de delito, "con el agravante de ocupar un cargo público relevante".

Los denunciantes acusan al alcalde de provocar la discriminación de extranjeros y difundir informaciones injuriosas sobre esos colectivos, conductas tipificadas en el artículo 510.1 del Código Penal, que establece una pena de uno a tres años y multa de seis a 12 meses por ese delito. Asimismo consideran que se le podría aplicar el 511.1 que castiga con seis meses a dos años de prisión para "el particular encargado de un servicio público que, por motivos racistas, deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho".Por otro lado, varias asociaciones de inmigrantes, entre las que se encuentran Colectivo Paso de Cebra, la Asociación de Inmmigrantes de Bangladesh y Ecologistas en Acción, que se han desmarcado de la Mesa de Integración de El Ejido han convocado un manifestación bajo el lema "Contra la explotación, el racismo y el fascismo" para el próximo domingo que saldrá a las 12.00 de la estación de Atocha de Madrid.

Francisco García Cediel, abogado y miembro del Colectivo Paso de Cebra afirmó ayer que "tanto CCOO como UGT han adoptado un papel paternalista en la Mesa por la Integración en El Ejido. Están suplantando el protagonismo de los inmigrantes que, después de los incidentes, se organizaron y eligieron a sus representantes en el Consejo de Coordinación de Trabajadores Inmigrantes Magrebíes. Ellos son los que deben decidir".

Hace una semana, el Consejo de Trabajadores Magrebíes y la Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes de Almería comenzaba a promover estas movilizaciones al considerar que se estaban incumpliendo los acuerdos: seguían quedando inmigrantes sin realojar y no se habían pagado las indemnizaciones. Además, no había habido ningún detenido entre los responsables de las agresiones.