La audiencia 'paraliza' la edificación de ocho chalés que ya están acabados

La Audiencia de Madrid ha ordenado "paralizar la construcción" de ocho chalés de lujo supuestamente ilegales situados en San Lorenzo de El Escorial, en la carretera de la Presa, dentro de la llamada "zona de respeto" que rodea el monasterio que en su día mandó levantar Felipe II. El problema es que esta decisión llega tarde, puesto que los chalés ya se han levantado y, en su mayoría, están ocupados por personas que los han adquirido a precios que oscilan entre 30 y 40 millones.

Al ordenar la paralización de las obras, la Sección 17ª de la Audiencia madrileña estima un recurso de queja interpuesto contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de esta localidad, que primero ordenó suspender las obras, cuando éstas apenas se habían iniciado, y luego, el 21 de agosto de 1998, levantó la suspensión y dio luz verde para que prosiguiesen. El juzgado la levantó aduciendo que la medida "no era proporcional a la gravedad de los hechos" y que, en todo caso, cabía ordenar "su demolición" en el futuro si al final de la investigación judicial que gravitaba sobre ellas se determinaba que eran ilegales.En la citada investigación figuran como implicados el alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández Quejo del Pozo, del PP; los concejales de la comisión de gobierno que consintieron y autorizaron el inicio de las obras; el arquitecto municipal y el administrador de la empresa constructora, Neypass, SL.

José Manuel Chinchilla, abogado de la vecina de San Lorenzo de El Escorial que denunció esta construcción, afirma que el Ayuntamiento autorizó las obras tras firmar un convenio urbanístico con la promotora "que carece de respaldo normativo urbanístico". Por ese motivo, añade, "presentamos en 1998 una denuncia en el juzgado por infracción urbanística contra el Ayuntamiento y ya entonces pedimos que se paralizaran", destacó. "La juez nos hizo caso y paralizó las obras", afirma Chinchilla: "El Ayuntamiento, al ver la denuncia y la decisión judicial", añade, "modificó las normas urbanísticas para intentar amparar legalmente las obras, pero todo fue en vano, porque la Comunidad de Madrid revocó esa modificación y anuló las licencias".

Después, según el letrado, una juez sustituta levantó la suspensión aduciendo, entre otras razones, que ésta era una medida "desproporcionada con la gravedad de los hechos". El recurso que ha estimado ahora la Audiencia, ordenando paralizar de nuevo las obras, es contra la segunda decisión judicial que permitía seguir la construcción de los chalés y, por tanto, se refiere al estado de las obras en ese momento. Pero éstas, como tenían luz verde del juzgado, prosiguieron hasta su terminación.

El proceso que se sigue en el Juzgado de San Lorenzo de El Escorial ya está casi finalizado. "La juez convirtió las diligencias en un procedimiento abreviado e instó a las partes a que calificasen los hechos. Nosotros", comenta el abogado de la denunciante, "ya lo hemos calificado y pedimos penas de inhabilitación para el alcalde, el arquitecto y los concejales que autorizaron las obras". Sólo falta que califique los hechos la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, a cuyo frente está Emilio Valerio.

El tribunal, al paralizar de nuevo las obras, disiente del criterio de la juez que dejó seguir la construcción argumentando que la medida no perjudicaría a terceros y que cabía demoler las casas en el futuro. Según los jueces, si hay un beneficiario "del acto ilícito", ése sería "el promotor, quien, a consecuencia de un informe injusto", puede "edificar mediante el otorgamiento de unas licencias fundamentales" que la "Comunidad de Madrid ha calificado como nulas". El tribunal admite que cabe demoler unas obras, pero que es preferible hacerlo al principio.