Las asociaciones judiciales, divididas ante el indulto al ex juez Liaño

Las asociaciones judiciales se mostraron ayer divididas sobre la conveniencia de conceder el indulto al ex magistrado Javier Gómez de Liaño, expulsado de la carrera judicial por prevaricación en la instrucción del caso Sogecable, si bien las dos asociaciones mayoritarias expresaron severas reticencias a la medida de gracia. José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, señaló que el indulto es "una potestad soberana que tiene el Gobierno y lo que hace falta es que siempre haga un uso proporcionado y medido de esa posibilidad". En declaraciones a Servimedia, subrayó que el indulto es "un instrumento que tiene que ser manejado con mucho tiento y cuidado para no dejar en un lugar inadecuado un pronunciamiento solemne de un tribunal".La portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, considera "muy negativo" que se concediese este indulto "porque sería tanto como dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo". "El delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) es uno de los peores que puede cometer un juez", dijo a este periódico. "Sería una burla para los justiciables que un condenado por una sentencia firme del Supremo volviese a ejercer como juez".

Por el contrario, el portavoz de la minoritaria Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, se pronunció abiertamente a favor del indulto para Liaño y consideró "bastante lamentable" que existan condenas por prevaricación.

María Teresa Fernández de la Vega, portavoz adjunta del PSOE en el Congreso la pasada legislatura, aseguró que la concesión del indulto no sería "en absoluto razonable". El delito de prevaricación por el que se condenó a Liaño, dijo, es "el más grave que puede cometer un juez".

[Gómez de Liaño reclamó ayer al periodista Carlos Enrique Bayo una indemnización de 10 millones de pesetas por un artículo publicado en Diario16 hace cuatro años que el ex juez considera calumnioso. La fiscal María Dolores Márquez, esposa de Liaño, actuó ayer como acusadora privada contra el periodista y pidió una pena de multa, además de la indemnización, aunque inicialmente solicitaba también seis meses de cárcel.]