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La UJI advierte del peligro de sobreexplotación de los acuíferos de Castellón

Las medidas aprobadas por la comisión de desembalse del Mijares para restringir el uso del agua de los pantanos, pueden ocasionar un daño irreparable en las reservas subterráneas de la provincia de Castellón, según los expertos de la Universidad Jaume I (UJI). Los sindicatos agrarios, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y la Unió de Llauradors advierten también sobre los riesgos ambientales que supone la sobreexplotación de los acuíferos.

El Sindicato Central del Agua del Mijares redujo hasta un 50% la cantidad de agua que los agricultores necesitan de los embalses para garantizar unas reservas mínimas en otoño. Sin embargo, los regantes paliarán esta carencia con el incremento de la extracción en los pozos.El catedrático de hidrogeología de la UJI, Ignacio Morell, alerta sobre la situación actual de elevada salinidad del acuífero a causa de su excesiva explotación. "La extracción constante de agua y la ausencia de lluvias abundantes ha conducido a nuestras reservas subterráneas a un punto que puede ser peligroso", dijo. Morell añade que existe "un gran riesgo, con el añadido que una vez se saliniza el acuífero es muy difícil recuperarlo de nuevo, por lo que aumentar la extracción para salvar esta campaña, podría hipotecar las reservas de las siguientes".

El catedrático asegura que, "si no hay más remedio que sacar más agua para salvar los regadíos", se debería exigir un control estricto, diario o semanal, en cada pozo para ver si aumenta la salinidad del agua y recomienda que el trabajo de los análisis lo desempeñen expertos "porque resulta muy sencillo controlar el nivel de los pantanos; sin embargo, hacen falta experiencia, exámenes químicos constantes y conocimientos profundos para no sobreexplotar las reservas subterráneas y esto no se está haciendo".

Por otra parte, Morell lamenta que ningún representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) les ha solicitado consejo antes de tomar la decisión de incrementar las extracciones, a pesar de que disponen de informes completos sobre las aguas subterráneas de Castellón, recopilados durante 15 años.

Por su parte, los presidentes de AVA, Cristóbal Aguado, y de la Unió de Llauradors, Lucio Monteagudo, consideran lógicas y necesarias las restricciones de la CHJ, pero advierten que se corre el peligro de sobreexplotar los acuíferos de gran parte de la Comunidad Valenciana, que en su mayoría han bajado considerablemente su nivel. Los sindicatos agrarios insisten en que la solución al déficit hídrico pasa por la aprobación del Plan Hidrológico Nacional y del Plan Nacional de Regadíos. Los agricultores reclaman al Gobierno ayudas extraordinarias, tal como se ha hecho otros años de sequía, para paliar las pérdidas de cosechas y por la explotación de pozos.

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