En España, un proyecto
El Congreso aprobó en junio de 1998 una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a regular el uso de los análisis de ADN en la investigación de paternidad y determinados delitos. Tras esta iniciativa, promovida por la diputada del PP María Bernarda Barrios, Interior nombró una comisión para desarrollar el asunto.En la anterior legislatura había sido rechazada una proposición similar del congresista popular José Eugenio Azpiroz. Y aunque en la legislatura ahora recién terminada se movió al fin el proyecto encaminado a reglamentar la creación de un fichero genético, los estudios no se plasmaron en nada concreto.
El debate celebrado en 1998 ya dejó traslucir lo espinoso del proyecto y la disparidad de criterios entre los grupos políticos. Barrios es partidaria de que las técnicas de investigación genética se apliquen para delitos sexuales, homicidios y delitos contra las personas.
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