Comercio detecta irregularidades en el 60% de las ventas de viviendas nuevas

Una inspección realizada por el Gobierno vasco entre 107 constructoras e inmobiliarias ha detectado un alto índice de irregularidades. En el 58% de los casos, el estudio constata que los promotores y agentes inmobiliarios incumplieron la ley y no informaron adecuadamente a los compradores de los derechos que les asisten y de las características de las viviendas. El consejero de Industria, Comercio y Turismo, Josu Jon Imaz, anunció ayer nuevas inspecciones en el sector y la reforma de la ley del consumidor.

El hecho de que el 20% de las 4.000 reclamaciones presentadas el año pasado en las oficinas del consumidor del País Vasco correspondieran al sector vivienda animó al Departamento de Comercio, Industria y Turismo a realizar una inspección a constructoras e inmobiliarias. El estudio, que se ha centrado en la información que aportan los vendedores a los compradores de viviendas nuevas, ha revelado numerosas irregularidades en las 107 empresas inspeccionadas, de las que 25 son alavesas, 58 vizcaínas y 24 guipuzcoanas. Las anomalías más graves, detectadas en un 58% de los casos, es decir, en 62 de las 107 compañías estudiadas, se refiere a la falta de información sobre las condiciones de pago a plazos. En concreto, se ha detectado que el 36% de las empresas incumplió la obligación de informar al consumidor sobre la formalización del contrato, en el 21% de los casos no se ofreció información adecuada sobre el precio de la vivienda y en un 15% se infringió la obligación de comunicar a los compradores las características de las viviendas.

El estudio revela también que los compradores de viviendas de primera mano vieron conculcados, por no ser informados de ellos, sus derechos a elegir notario y a la devolución del precio de entrada más el 6% de interés anual por incumplimiento de los plazos de entrega. Ante estas anomalías, Josu Jon Imaz, consejero de Comercio, destacó que se realizará una campaña de información dirigida a los compradores, requerirá a las constructoras e inmobiliarias que cumplan con sus obligaciones, y señaló que su departamento realizará próximamente una inspección entre estas empresas que derivará en multas si se detectan irregularidades. En este último caso, las compañías serán sancionadas con multas que van desde las 500.000 hasta los 2,5 millones de pesetas.

Imaz aprovechó ayer la celebración del Día Mundial del Consumidor para anunciar que el Gobierno vasco está trabajando en la reforma del Estatuto vasco del consumidor. Esta ley, que data de 1981 y que fue la primera en España en regular los derechos del comprador, se ha quedado obsoleta. Imaz explicó que la nueva ley recogerá la ampliación de las garantías para los consumidores previstas en los Tratados de Maastricht y Amsterdam. En la elaboración del borrador están colaborando los agentes del ámbito del consumo e instituciones locales.