El Parlament insta a Enseñanza a negociar el decreto de matriculación

El Parlament de Cataluña aprobó ayer por unanimidad instar al Departamento de Enseñanza a que presente, en el plazo de dos meses, el nuevo proyecto del decreto de matriculación, con el objeto de que pueda ser negociado con los ayuntamientos y la comunidad educativCon el voto favorable de todos los grupos, la Cámara aprobó también que el Ejecutivo mejore la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios de urgencia, especialmente en la atención de los grupos de más riesgo.

Enseñanza ya anunció hace semanas su intención de modificar el decreto, aunque no fijó ni plazos ni bases de negociación. Con el nuevo decreto se pretende evitar que los alumnos con necesidades educativas especiales, generalmente hijos de inmigrantes, se concentren en determinados centros escolares, mayoritariamente de la red pública. La diputada socialista Assumpta Baig, que presentó la moción, destaca que es muy importante que CiU haya aceptado que Enseñanza negocie el nuevo decreto, ya que en su primera enmienda sólo aceptaba que ésta "escuchara" a las entidades municipalistas y a la comunidad educativa.El consenso entre los grupos parlamentarios permitió la aprobación, por unanimidad, de otros puntos de la moción socialista, que responden a viejas demandas que reclama desde hace tiempo la comunidad educativa. Se insta a Enseñanza a "estudiar la posibilidad de formalizar la inscripción única para toda la enseñanza obligatoria". Actualmente, sólo los centros privados, concertados o no, pueden formalizar la inscripción única para todas las etapas educativas y con esta medida se pretende erradicar el agravio comparativo que supone para las familias que optan por un centro público tener que realizar una nueva inscripción en cada tramo educativo.

Otra de las propuestas aprobadas por unanimidad contempla "establecer mecanismos que garanticen la participación y el seguimiento, desde la preinscripción y durante el curso escolar, por parte de los ayuntamientos, los centros docentes y los padres y madres de alumnos". Baig asegura que "las actuales comisiones de escolarización no funcionan correctamente". Según la diputada socialista, estas comisiones deben poder realizar el seguimiento de la asignación de plazas escolares a lo largo de todo el curso.

Sin embargo, no hubo acuerdo en todos los puntos. CiU y el PP volvieron a unirse contra los partidos de izquierda. En esta ocasión, ambos grupos votaron contra la delegación de las competencias referentes a la admisión del alumnado a los ayuntamientos. Los grupos de CiU y el PP también votaron en contra de la creación de un único punto de información y recepción de preinscripciones en cada municipio. Con estas iniciativas, apoyadas por la comunidad educativa, los grupos de izquierda pretenden establecer mecanismos que garanticen un verdadero control de la preinscripción.

Sin embargo, el consenso sí que permitió abordar el problema de la mejora de los servicios sanitarios de urgencias. Todos los grupos instaron al Gobierno catalán a que, en el plazo máximo de seis meses, presente en el Parlament un plan de finalización de la Reforma de Atención Primaria en Cataluña. La diputada socialista Carme Figueras sostiene que "hay mucha relación entre los colapsos que se producen en las urgencias y los sitios en que la primaria aún está pendiente de reformar". Para Figueras, el ejemplo más claro se produce en la ciudad de Barcelona, donde "el 52% de los ciudadanos todavía no disponen de la atención primaria reformada". Todos los grupos parlamentarios aprobaron el establecimiento de mecanismos de prevención y coordinación de los servicios de urgencias, así como que se incremente la contratación de personal sanitario.