Mas 'congela' un acuerdo con Trabajo de ayuda a inmigrantes

Los planes acordados a finales de 1998 entre Bienestar Social y el Ministerio de Trabajo para mejorar la situación de los inmigrantes en la Comunidad se encuentran, en gran parte, congelados. Organizaciones no Gubernamentales (ONG) señalan que el observatorio permanente de la inmigración, los programas de empadronamiento o los órganos de participación y consulta incluidos en el convenio no han pasado de ser buenas intenciones. La consejería que dirije Carmen Mas señala que sí se han tomado medidas.

En diciembre de 1998, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales suscribió un convenio con el Consell -junto con otras comunidades autónomas- dirigido a "facilitar la integración social" de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados. El acuerdo consistía en un ambicioso plan que incluía crear un observatorio permanente de la inmigración, órganos de participación y consulta y una red de información, orientación y apoyo legal a inmigrantes. Además, contemplaba programas de acogida e integración social y de empadronamiento. Curiosamente, el Boletín Oficial del Estado publicó recientemente los convenios con Baleares, Canarias y Cataluña, pero no con la Comunidad. ONG consultadas que trabajan con inmigrantes no se han limitado a mostrar su sorpresa por la existencia de este convenio. Han manifestado también que desconocen que se haya puesto en marcha alguna de las medidas. El acuerdo se amplió con un protocolo adicional que detallaba las actividades y su financiación para 1999. Cada una de las dos entidades debía aportar 1,5 millones de pesetas para poner en marcha el observatorio, 21 millones para programas territoriales de acogida e integración social, un millón para estudios y publicaciones y 2,5 para la campaña de empadronamiento.

Este último punto es uno de los más relevantes, ya que es una de las condiciones a las que alude la nueva Ley de Extranjería que permite gozar de asistencia sanitaria completa. Un año después, no se ha realizado campaña alguna. "Como no sean los dípticos que se distribuyeron hace cuatro años...", señalaba ayer el representante de una asociación. La consejería reconoce que no se ha acometido esta campaña y que "se está preparando".

Sí se ha puesto en marcha, según Bienestar Social, el observatorio, un instrumento destinado a analizar la situación de los inmigrantes. Sin embargo, su existencia es desconocida por algunas de las más importantes entidades que trabajan con este colectivo.

Tampoco tienen referencias de programas de acogida, de inserción laboral o social más allá de los convenios que realiza la consejería con estas mismas asociaciones, que son las que realmente se encargan de llenar el vacío asistencial de la Administración. De hecho, mientras sindicatos y organizaciones se encontraban bloqueados tramitando solicitudes de trabajo antes de la entrada en vigor en febrero de la Ley de Extranjería, el único servicio del Consell que trabaja con inmigrantes, situado en Valencia, se limitó a asesorar a los extranjeros que se acercaron a su sede. Otro de los puntos negros es el de organismos de participación. El Consell ha ignorado sistemáticamente las peticiones de estas entidades de constituir el Foro de la Inmigración en la Comunidad.