¿Prevaricación de la Junta Electoral?

Antes de que se iniciara la campaña electoral Canal Sur televisión adoptó una decisión acerca del tiempo que se le dedicaría a cada uno de los partidos políticos que concurrían a las elecciones autonómicas. La dirección de Canal Sur, con buen criterio en mi opinión, decidió reducir algo el tiempo de presencia de los dos grandes partidos, PSOE y PP, y aumentar algo el de presencia de los dos partidos menores, IU y PA. La decisión fue recurrida por el PP ante la Junta Electoral, que estimó el recurso y ordenó a Canal Sur que diera a cada fuerza política el tiempo que estrictamente le correspondía de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la última consulta. Aunque la decisión de la Junta Electoral no gustó ni a IU ni al PA ni a los profesionales de Canal Sur, que entendían que su criterio informativo era razonable, a nadie se le ocurrió descalificar a la Junta Electoral y echarle en cara que se había dejado presionar por un partido grande y que a diha presión respondía su decisión.Esta semana, sin embargo, ante la decisió de la misma Junta Electoral de suspender la publicidad sobre el proyecto Guadalmedina por considerar que favorecía al PP, la candidata del dicho partido, Celia Villalobos, ha arremetido contra la Junta Electoral, acusándola de plegarse a las presiones de la Junta de Andalucía: "la presión de la Junta de Andalucía es tan grande que las desigualdades en el trato son la norma de la Junta Electoral".

La acusación es grave, porque la Junta Electoral está integrada muy mayoritariamente por magistrados y está presidida siempre por un magistrado. El control de la regularidad de las elecciones, de todas las elecciones, está judicializado por mandato de la Constitución. El poder judicial es la garantía de nuestro sistema electoral.Aceptar que la Junta Electoral, cualquier Junta Electoral, la andaluza, la catalana o la Junta Electoral Central, puede ceder ante la presión de un Gobierno regional o del Gobierno de la Nación, que para el caso es lo mismo, equivale a afirmar que nuestros jueces y magistrados adoptan sus decisiones por criterios políticos y no jurídicos.

No se si la alcaldesa de Málaga es consciente de la acusación que ha formulado a los miembros de la Junta Electoral. Les está imputando nada menos que cometer un delito de prevaricación. En todo caso, me parece que sería oportuno que el Ministerio Fiscal tomara cartas en el asunto. O la acusación de Celia Villalobos es cierta y entonces se tendría que procesar a los miembros de la Junta Electoral, o no lo es y entonces se tendría que proceder penalmente contra la alcaldesa de Málaga.

JAVIER PÉREZ ROYO