Las cartas de Almunia

Los partidos se están esforzando en estos últimos días de campaña en concretar lo esencial de su oferta electoral. Así ha sucedido en la cuestión de los impuestos o la de las pensiones, ejes de las ofertas de PP y PSOE-IU, respectivamente, aunque apenas digan cómo financiar sus promesas. El principal aspirante a bisagra, CiU, ha cuantificado con admirable espíritu mercantil el coste de su apoyo al partido que resulte vencedor: 400.000 millones de pesetas (más IVA: elevar el techo competencial).Almunia presentó ayer 18 medidas que se compromete a aplicar en los primeros cien días si es elegido presidente. El documento parte de una crítica al estilo de gobierno del PP, al que contrapone las credenciales de la coalición de izquierdas para gobernar al país en el futuro. Almunia sostiene que tras la careta del "España va bien" hay grandes dosis de entreguismo a las minorías nacionalistas como precio para durar en el poder, lo que ha significado un paso atrás en la cohesión territorial. También critica el talante antipático y reticente al consenso del partido de Aznar, y ofrece el acuerdo PSOE-IU como palanca para el cambio: para que la mayoría social de izquierda se plasme en una mayoría parlamentaria y de gobierno.

Consciente tal vez de que no es evidente que exista tan clara voluntad de cambio y, por otra parte, de que una parte del electorado tiene dudas sobre la capacidad de la alianza para gestionar eficazmente la Administración, Almunia propone un contrato político con los ciudadanos, que podrán exigirle responsabilidades si su aplicación no se concreta en los cien primeros días de su hipotético mandato.

Al colocar como primera prioridad la recuperación del consenso antiterrorista, reconoce Almunia que se trata del problema más grave del momento. Prioridades relativas a la calidad de la democracia son la reforma del reglamento del Congreso para convertirlo en el centro de la vida política, una ley de financiación de los partidos que asegure transparencia y control y la creación de un espacio autónomo para las televisiones públicas. Significativo es el anuncio de un proyecto de Ley de Defensa de la Competencia que refuerce la independencia de los organismos reguladores, para que no se repitan actuaciones del Gobierno como juez y parte en favor de los amigos. En fin, la institucionalización del diálogo entre Moncloa y los presidentes autonómicos se presenta como prueba de un nuevo talante en la forma de abordar los problemas territoriales. El adelanto de la extinción del servicio militar, la reducción de tarifas de electricidad y teléfonos, el cierre de dos centrales nucleares, las medidas contra la violencia contra las mujeres, son promesas que ya figuran en el programa. La novedad es el compromiso de ponerlas en marcha de inmediato. En cien días.