El fiscal reclama una pena para el 'comando Andalucía' que no tendrá que cumplir

El tercer juicio para los etarras del comando Andalucía de ETA, José Luis Barrios Martín, Mikel Azurmendi Peñagaricano y Maite Pedrosa, les ha salido gratis. El fiscal solicita para cada uno de ellos penas que suman 39 años de prisión por delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, estragos, robo y falsificación de documento oficial, además de una falta de lesiones. Sin embargo, el juicio les saldrá gratis aunque les condenen a la pena solicitada por el fiscal, puesto que los terroristas ya estaban condenados a penas que superan de largo los 30 años de prisión, el máximo periodo de cumplimiento de cárcel previsto en la legislación española.Barrios y Azurmendi, en junio de 1999, ya fueron encontrados culpables del asesinato del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García, que fue cometido el 30 de enero de 1998 y fueron condenados a 60 años de prisión cada uno, mientras que Pedrosa fue condenada a 10 años, por conspiración para el mencionado doble crimen. Poco tiempo después, Azurmendi y Pedrosa fueron condenados a 351 años de cárcel, cada uno de ellos, por la colocación de una bomba que hizo explosión al paso de un autobús del Ejército, el 20 de mayo de 1996, en Córdoba. Un sargento resultó muerto y varios militares resultaron heridos.

"Paso de todo"

En esta ocasión los terroristas eran juzgados por atentado frustrado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Granada cometido el 29 de septiembre de 1998. Los miembros del comando Andalucía de ETA robaron un vehículo Fiat Uno y dispusieron en la baca una serie de tubos lanzagranadas, con los que pensaban lanzar contra la fachada 10 granadas tipo Mecar. Al mismo tiempo, instalaron una trampa con 25 kilos de explosivo. Dos de las granadas se activaron de forma prematura y provocó que estallase el explosivo trampa. La onda expansiva lanzó las otras granadas intactas a los tejados vecinos.

Los terroristas señalaron que no reconocían al tribunal y se negaron a declarar. Barrios esbozó una protesta por la dispersión de los presos y Azurmendi espetó que pasaban de todo.

Como los acusados se negaron a declarar, el tribunal accedió a que se leyeran sus declaraciones sumariales en las que Barrios y Azurmendi reconocían su participación en la preparación del atentado.

También declaró un voluntario de la Cruz Roja, José Antonio Sola, quien testificó que vio los tubos de plástico sobresalir de la baca del vehículo con unos cables y avisó a la policía. Cuando intentaba desalojar a los vecinos, el artefacto hizo explosión y, según dijo, le levantó por los aires y luego le cayeron restos del coche y de la metralla.