El juez embarga las cuentas de la empresa que gestiona la televisión de Marbella

El titular del Juzgado de lo social número 4 de Málaga, Ernesto Utrera, ha ordenado el embargo de tres cuentas de la sociedad municipal Comunicación y Difusión 2000, que gestiona el diario La Tribuna y RTV Marbella, a instancias de un trabajador que fue despedido por la citada radio televisión local. En el auto, el magistrado advierte que contra su resolución no cabe recurso. La decisión judicial se produce después de que el trabajador Pablo Ossa, que interpuso una demanda por despido improcedente, solicitase la adopción de esta medida, ante la negativa de la sociedad municipal a hacer frente a la indemnización decretada anteriormente por el juez.

Ossa, que ingresó 1995 en RTV Marbella, denunció a este medio local, financiado íntegramente con fondos municipales, a raíz de su despido, en octubre de 1999. Para el trabajador, que ocupó los puestos de locutor y presentador, la rescisión de su contrato se debió a una carta firmada con otros tres compañeros en la que se quejaba del trato vejatorio hacia los subordinados por parte de la entonces directora de la radio municipal, Carmen Revilla, ahora concejal del GIL. Precisamente achacó la medida a una "represalia" de la edil contra él después de ocupar su nuevo cargo tras las elecciones.

El juzgado consideró improcedente el despido y decretó la indemnización al trabajador. Durante el juicio, que se celebró en enero en Málaga, el ex edil del GIL Carlos Fernández, ahora concejal del PA, declaró a favor del trabajador despedido. Pablo Ossa explicó que una vez transcurrido el plazo para el cumplimiento de la sentencia en la que se ordenaba a Difusión y Comunicación 2000 el pago de 1.860.000 pesetas, decidió solicitar el embargo de las cuentas bancarias de la sociedad, creada por el grupo GIL, ante el impago de dicha cantidad.

El juzgado ha decidido ahora el embargo de las tres cuentas que la empresa tiene en la sucursal del Banco de Andalucía, por importe de 2.105.570 pesetas, y condena a la empresa al pago de las costas procesales que ascienden a 400.000 pesetas. La orden de paralización de las cuentas se hizo efectiva ayer. En el caso de que los fondos con los que cuenta Difusión y Comunicación 2000 en la citada entidad bancaria no sean suficientes para afrontar los costes del juicio y la indemnización, Ossa no descarta pedir al juzgado la adopción de otras medidas.