Asesinatos políticos en campaña

Los terroristas de ETA han asesinado a 30 políticos en activo desde 1973, la mayor parte de ellos (87%) vascos y desde el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Si respecto al conjunto de su macabra contabilidad de víctimas mortales los políticos no pasan del 4%, desde 1996, año de la llegada del PP al poder, esta proporción se ha multiplicado casi por diez (38%), produciéndose desde entonces casi un tercio del total de este tipo de asesinatos.Primero fueron políticos vinculados a la derecha franquista, luego los objetivos eran de la UCD y AP, desde 1984 los socialistas entran también en la lista, en el 1992 comienzan las altas magistraturas del Estado y a partir de 1995 el objetivo prioritario es el PP, aunque casi siempre la prioridad es el partido del gobierno de turno. Con todo, la derecha se lleva la peor parte, al sufrir casi nueve de cada diez víctimas. Además, se trata, sobre todo, de líderes y representantes locales.

¿Qué buscan los terroristas con estos objetivos? Ante todo, hacerse dramáticamente presentes en la escena pública (política y mediática), condicionando su agenda y creando artificialmente un problema político, en cuya solución sean ellos los protagonistas principales para imponer fácticamente su programa político. La selección, además de la facilidad operativa, busca, ante todo, impactar en la sociología de estos partidos, aterrorizando a sus apoyos electorales, destruyendo su tejido político y obligándolos a entrar en la espiral del silencio, de la que esperan que salgan, si asumen sus propuestas, en una variante colectiva del síndrome de Estocolmo, como forma de aliviar la tensión y el miedo. La otra prioridad es amedrentar a la propia clase política, buscando su aislamiento y su división pública, que produzca el simple desistimiento en los principios democráticos.

Si los asesinatos se acompañan del terror cotidiano, que producen los sabotajes dirigidos prioritariamente a este mismo tejido social, y se aderezan con discursos excluyentes y estigmatizadores provenientes del propio conglomerado social creado y dirigido por los terroristas, nos encontramos con una estructura de control social desmovilizadora, que ahoga necesariamente las libertades de estos sectores sociales convertidos en apestados en su propia casa. El impacto social es evidente, si tenemos en cuenta que el 84% de los vascos considera grave el problema del terrorismo de los sabotajes cotidianos, el 53% percibe que existe miedo a participar activamente en política, un 45% no se considera suficientemente protegido por sus fuerzas de orden público ante tal violencia y sólo el 39% se siente plenamente libre para hablar de política con todo el mundo. Pero, sobre todo, su gran efecto es la perversión moral de los principios básicos de nuestra convivencia en importantes sectores de nuestra sociedad.

Muchos tienen la tentación de hacer cábalas sobre los réditos electorales de los asesinatos de políticos. Pero, ¿tienen éstos algún efecto electoral ? No se puede decir que la UCD o AP hayan obtenido beneficios extra en el País Vasco en los procesos electorales habidos en el País Vasco entre 1977 y 1982, años en que padecieron el mayor azote terrorista, acusando fuertemente las dificultades para consolidar su tejido partidista.

El asesinato del senador socialista Enrique Casas en la antesala de la campaña de las autonómicas de 1984 tampoco parece haber impactado de forma significativa en el electorado, si tenemos en cuenta que sólo en Guipúzcoa mejora el PSE su resultado de las locales y forales del año anterior en un punto sobre el censo (5.000 votos), cuando en el conjunto del país retrocede en esa misma proporción (15.000 votos), a pesar de que casi duplique sus resultados de las primeras elecciones autonómicas de 1980. En estos años, por el contrario, los representantes políticos de los terroristas no dejan de ampliar su base electoral.

En enero de 1995, a muy pocos meses de las elecciones municipales, se produce el asesinato de Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, y tampoco en este caso se puede comprobar un gran impacto en el conjunto del electorado vasco en las elecciones de ese año, si tenemos en cuenta que el PP mejora sus resultados, tanto en el País Vasco como en Guipúzcoa, en poco más de un punto sobre el censo (8.000 votos más en Guipúzcoa) en relación a las autonómicas del año anterior. Es verdad que este incremento en San Sebastián es más sensible (3,2 puntos y casi 5.000 votos).

Ahora hace cuatro años, y a pocas semanas de las elecciones legislativas de 1996, muere asesinado, también en San Sebastián, el dirigente socialista Fernando Múgica, y los socialistas solo retroceden dos décimas porcentuales sobre el censo en relación a 1996, si bien es verdad que ganan en Guipúzcoa, donde aumentan sus apoyos en esas mismas dos décimas (unos 3.000 votos). Por su parte, HB ve cómo se merman sus apoyos electorales desde 1989.

Desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco en Ermua, en julio de 1997, y la sangría de concejales populares que acaba con la muerte violenta de Manuel Zamarreño en Rentería, el PP vuelve a padecer con mayor dureza, si cabe, el azote terroristaen su tejido social. Pero en las elecciones de 1996 se producen incrementos significativos de 5,6 y 1 puntos porcentuales sobre el censo en relación a las elecciones autonómicas de 1998 (más de 100.000 votos) y legislativas de 1996 (casi 20.000 votos), respectivamente. Estos incrementos llegan a los 11 puntos en Ermua y son de 5 y 4 puntos, respectivamente, en Rentería y Zarautz respecto a las últimas autonómicas de 1994, con impactos bastante diferenciados, donde la clave puede estar en el hartazgo generalizado.

La última víctima de la barbarie terrorista ha sido Fernando Buesa, un buen amigo y un excelente político con quien tuve el honor de compartir muchas horas de deliberación democrática. Los asesinos les han abatido vilmente, a él y a su escolta Jorge Diez, de nuevo, en el pórtico de una campaña electoral que, como las más recientes, va a ser decisiva, precisamente en Alava. Espero que, a pesar de la gran cristalización del comportamiento electoral vasco, el actual ambiente de frustración y de casi rebelión cívica premien electoralmente la memoria de quien supo defender los principios democráticos de libertad y seguridad para sus conciudadanos, con la elegancia y el coraje que todos hemos podido ver en el último pleno del Parlamento vasco en el que ejerció de portavoz.

Francisco J. Llera Ramo es Catedrático de Ciencia Política de la UPV-EHU, autor de Los vascos y la política (1994) y director del Euskobarómetro.