La reforma fiscal propuesta por Aznar divide a los expertos sobre sus efectos y su equidad

El PP ha vuelto a prometer que bajará los impuestos. Los expertos más ortodoxos respaldan que la rebaja del IRPF se condicione al logro de un superávit presupuestario. Otros creen que supondrá un nuevo acicate para el consumo y que, por tanto, será negativo para la inflación, el principal problema de la economía española en estos momentos. También los hay que se oponen por considerar que las propuestas siguen la línea de la anterior reforma, que califican de regresiva. Otros la creen insuficiente y algunos piensan que llevará a subidas de los impuestos indirectos.

La promesa del presidente del Gobierno, José María Aznar, se puede resumir en tres ideas: rebaja de los tipos del IRPF hasta situarse entre el 15% y el 46%; más reducciones por hijos menores de tres años y por el segundo descendiente; y eliminación del impuesto de actividades económicas para muchas empresas. - ¿Cuándo se pondrá en práctica? Aznar fue muy claro al señalar que esa "segunda revolución fiscal" llegará cuando se logre un equilibrio presupuestario, lo que está previsto para 2002 en el Programa de Estabilidad. El profesor José Barea alaba este compromiso. "Si en ese año se logra efectivamente el equilibrio presupuestario, será bueno bajar los impuestos", afirma Barea.

Pero, continúa el ex responsable de la Oficina Presupuestaria del Gobierno, "para que las cuentas cuadren es necesario hacer reformas estructurales". El asesor económico de la patronal bancaria AEB, Federico Prades, explica que "después de un ciclo largo de crecimiento como el que tenemos, lo normal es que haya superávit presupuestario" en la fecha prevista. Si es así, "bienvenida sea la rebaja de impuestos", añade Prades, para quien siempre se ha de tener en cuenta que "se deben procurar recursos suficientes para atender gastos en infraestructuras, formación, etcétera".

- ¿Qué ocurre si cambia el actual ciclo expansivo? La economía española lleva varios años con un crecimiento económico superior al 3% y el Programa de Estabilidad prevé mantener una media del 3,3% hasta 2003. Si no se cumple este pronóstico, las arcas del Estado se resentirán y algunos expertos ponen en duda que se puedan bajar impuestos.

"Si se desacelera el ciclo económico, ¿cómo se van a pagar los gastos sociales y en servicios públicos básicos?", se pregunta Miguel Ángel García, del gabinete técnico confederal de CC OO. José Manuel Lagos, asesor fiscal y presidente de Lagos Estudio Jurídico y Social, coincide en que afrontar una disminución de impuestos a dos años vista "puede parecer un tanto arriesgado". En una fase de recesión "no sería realista" llevar a cabo esa rebaja.

- ¿Provocará más inflación? La rebaja del IRPF que entró en vigor el pasado año ha aumentado el consumo privado, lo que añadido al encarecimiento de los precios del petróleo, ha llevado a un repunte de la inflación. Ángel Laborda, director de coyuntura de Funcas (la fundación de las cajas de ahorros) señala que desde el FMI y la OCDE se le ha dicho a España que no es el momento de bajar los impuestos.

Esta medida, explica, "va a suponer un nuevo estímulo para el consumo en un momento en que la economía española empieza a mostrar desequilibrios", la inflación y el sector exterior. "Habrá más presiones sobre los precios y se producirá un aumento de las importaciones", añade.

En su opinión, lo que habría que hacer es bajar las cotizaciones sociales, porque el paro es el principal problema de la economía española. "Así matas dos pájaros de un tiro: estimulas la creación de empleo y reduces los costes de las empresas lo que abarataría los precios".

En esta idea coincide el asesor fiscal de CEOE, Javier Berruguete, que da por bienvenida la rebaja anunciada, si bien la considera "moderada". "Siempre nos acordaremos del 40% de hace cuatro años [la promesa electoral del PP en la campaña de 1996], aunque todo lo que vaya en esa dirección nos parece bien".

Estaría mejor, añade, que además bajasen las cotizaciones sociales, pero "ésta es la perversión de los tiempos electorales; si se anuncia una bajada de las cotizaciones no tiene efecto en los votos, porque los empresarios son pocos y los trabajadores no son conscientes de lo que pagan por este concepto".

Para José Manuel Lagos, el peligro de la inflación se contrarrestaría con mayores incentivos al ahorro, de forma que no todo el aumento de renta disponible se destine al consumo. En este sentido considera insuficiente la subida del límite de aportación para planes de pensiones [hasta 1,5 millones de pesetas para familias donde sólo trabaja un cónyuge].

- ¿Es una reforma regresiva? El Gobierno declara que la nueva reforma fiscal favorecerá a las rentas bajas, a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Desde la oposición se considera, por el contrario, que los tipos impositivos bajan más para las rentas altas y que las reducciones para hijos favorecen más cuánto más altos son los ingresos.

Miguel Ángel García explica que, como sucedió con la anterior reforma, "la tarifa se aplana en todos los tramos, de forma que, por ejemplo, una renta a 10 millones de pesetas se beneficia de la rebaja general". Sin embargo, para las rentas más bajas sólo aplican la del tramo en que están. A ello se añade, continúa, que las reducciones en la base en lugar de en la cuota también suponen mayor ahorro de impuestos cuanto más alta es la renta.

Es, en su opinión "una reforma regresiva", igual que la anterior. Una apreciación en la que coincide con el ex presidente de la Comisión de la Energía y del Tribunal de Defensa de la Competencia, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. "Creo que favorece claramente a las rentas más altas y que con la propuesta se está hurtando la posibilidad de atacar otros problemas, como reducir la deuda o incrementar el gasto en otras partidas".

"Tampoco hay que llevar la progresividad al extremo", explica Javier Berruguete. "Al final", explica, "los contribuyentes con rentas muy altas tienen forma de blindarse y los que acaban pagando una progresividad excesiva son aquellos que tienen unos sueldos por encima de la media".

José Manuel Díaz Arias, asesor fiscal y presidente del Gabinete de Gestores Administrativos y Asesores Fiscales (Gesaf), sostiene que la reforma anunciada por Aznar es "redistributiva y favorece a las clases medias".

El presidente de la comisión fiscal del Consejo General de Gestores Administrativos de España, Jacinto García, estima que la propuesta favorece a todos por igual. Y destaca el siguiente aspecto: "Creo que es muy importante acercar lo más posible el tipo máximo del IRPF al del impuesto de sociedades. Con ello, se evitaría que las personas declaren a través de sociedades".

- ¿Qué coste recaudatorio tendrá la reforma? El Gobierno lo ha establecido en tres décimas del PIB, lo que podría alcanzar los 400.000 millones de pesetas, con un ahorro medio del 8% para los contribuyentes del IRPF. José Manuel Roig, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, señala que no hay forma de saber ni siquiera el impacto de la anterior reforma, porque las estadísticas oficiales se publican con mucho retraso.

José Barea señala que el coste será "relativamente fuerte, porque son los tramos más bajos los que se reducen más" y a ellos están sometidos todos los contribuyentes. "No hay que perder de vista que por el 15% [el nuevo tipo mínimo del IRPF anunciado, desde el 18% actual] pasa todo el mundo", coincide Javier Berruguete, "y aquí es donde está el peligro para la recaudación".

- ¿Habrá que subir otros impuestos? La intención es que no y por eso se afirma desde el Gobierno que la presión fiscal bajará tres puntos en los próximos años. José Manuel Lagos afirma que no tiene por qué suponer alzas en otros impuestos, si realmente la actividad económica aumenta. En caso contrario, habría en su opinión tres posibilidades: aumentar los impuestos indirectos, elevar el déficit público o recortar el gasto y la inversión pública.

Díaz Arias sostiene que no debe producirse una subida de otros impuestos, hace especial hincapié en que la clave radica en redoblar los esfuerzos de control del fraude y argumenta que el aumento de la presión fiscal que se ha producido en los últimos años se ha debido al incremento de la actividad.

Jacinto García tampoco cree que, si se mantiene un ritmo de crecimiento económico sólido, sea necesario recurrir al incremento de otros impuestos. García si estima, sin embargo, que la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) va a tener efectos beneficiosos en la evolución de la pequeña y mediana empresa.