El fiscal reclama a la Ertzaintza el atestado del asesinato de Buesa

El fiscal Enrique Molina, de la Audiencia Nacional, reclamó ayer a la Ertzaintza el atestado que instruye sobre el atentado de ETA que costó la vida al portavoz socialista en el Parlamento vasco, Fernando Buesa, y a su escolta, el agente vasco Jorge Díez, debido a que aún no ha remitido el informe oficial cuando han transcurrido ya diez días. No obstante, fuentes del juzgado restaron importancia a la demora y le quitaron significado político, ya que la policía vasca envió un adelanto del informe.

El fiscal Enrique Molina ha requerido el informe policial sobre los asesinatos de Fernando Buesa y Jorge Díez por parte de ETA, el pasado día 14, en Vitoria, mediante un coche bomba, porque la demora en su remisión en casos similares no suele superar los tres días. El hecho de que se enviara un anticipo de urgencia al juzgado ha podido relajar quizá la entrega del documento oficial, según fuentes de la Audiencia Nacional, que restan relevancia al retraso. Asimismo, Molina ha instado al juez instructor de la causa, Baltasar Garzón, a que se dirija a los familiares de las víctimas para ofrecerles las correspondientes acciones por si quisieran personarse en ella como acusaciones particulares.

Buesa fue vicelehendakari en la época del Gobierno tripartito del PNV y Eusko Alkartasuna con los socialistas y en la actualidad era el secretario general del PSE-PSOE de Álava y portavoz de su grupo en la Cámara de Vitoria.

Pertenencia a ETA

Por otro lado, Garzón dejó ayer en libertad, bajo fianza de 10 millones de pesetas, a José María Olarra, dirigente de Herri Batasuna.

Según el auto de prisión, Olarra está acusado de pertenecer a ETA, ya que "está acreditado indiciariamente que (...) capta a Mikel Egibar para ETA, integra el KHK (aparato de relaciones internacionales de KAS-MLNV) y participa en labores de enlace y comunicación".

El documento precisa que Olarra, utilizando el apodo de Eneko, recibió informaciones e instrucciones de ETA y que, a su vez, las remitió a otras personas. En el relato de los hechos se describen textos supuestamente escritos por él a la banda sobre la estrategia electoral, la acción política y la lucha armada, además del cobro del llamado impuesto revolucionario.

El magistrado impone la fianza por entender que no es previsible que, a pesar de la gravedad de los hechos, Olarra pretenda eludir la acción judicial. Asimismo, valora la falta de reiteración delictiva desde 1994 y recuerda que la prisión provisional no debe ser un anticipo de pena.