Vecinos con toda una vida a cuestas

Cuando María Fernández Amago llegó a la residencia, la que es su definitiva casa, prohibió a sus familiares que fueran a visitarla durante un mes. "Se lo dije porque sabía que si venían a verme, me volvía a casa". Pero María aguantó el tirón y ahora, diez años después, a punto de cumplir los 80, considera la residencia pública en la que vive como su auténtico hogar. En él ha hecho grandes amistades y ha visto cómo su salud ha empeorado ostensiblemente por el paso del tiempo, pero aquí se encuentra atendida y acompañada y, en los últimos tiempos, ha empezado a sospechar que su situación es privilegiada, porque cada día es más difícil obtener una plaza pública como la suya, que ella sufraga con el 90% de su pensión, catorce escuálidas pagas de 58.000 pesetas mensuales, aunque las dos extras se las puede quedar íntegras.María Fernández Amago es soltera y no tiene hijos. Ése fue un punto a su favor para conseguir una plaza en una residencia de ancianos. Porque en España, dada la corta oferta, la selección de candidatos es implacable. La mala salud, la dificultad para valerse por sí mismos, la edad, los bajos ingresos y el no tener hijos son puntos a sumar para lograr plaza. De manera que los problemas seniles en una persona de clase media con hijos es como una condena. Todo eso lo sabe María Fernández. "Yo sé que ahora mismo, con los criterios que hay, no me hubieran aceptado aquí. Porque cuando entré estaba mucho mejor de salud. Pero tenía miedo. Mis hermanos vivían a mi lado y se empeñaban en que ellos podían hacerse cargo de mí, pero yo tenía miedo. Si me pasaba algo estando sola en casa, ¿quién me ayudaría? Ellos tienen sus familias y su trabajo. No podían estar pendientes". Aquí hay enfermería y médico durante el día, y una atención permanente y profesionalizada.

Trescientos empleados

En la residencia Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, donde vive esta asturiana afincada en Madrid, hay 600 residentes. Junto a la puerta principal hay un gran cartel a la derecha que indica el camino del tanatorio. Pero lo demás es campo abierto plagado de árboles, y en el interior del enorme edificio los amplios corredores están inflamados de luz.

Trescientos empleados se encargan de que todo funcione bien, aunque algunos comentan que ojalá dispusieran de más medios; que éstos parecen encogerse, como sus ancianos, con el tiempo. Muchos de ellos, dicen los empleados, no paran de quejarse, a pesar de que las noticias que llegan de fuera no sean halagüeñas. Tienen conocidos que han podido quedarse en casa, sí, pero pasan gran parte del día solos, y los servicios públicos sólo les ofrecen una ayuda domiciliaria que a veces consiste en atenderles y limpiarles la casa un par de horas por semana. "Una residencia privada cuesta un mínimo de 180.000 pesetas al mes y no todo el mundo puede pagar tanto dinero", dice una mujer de mediana edad que vive con su madre, ya muy enferma, a la que tiene que atender cuando no está en el trabajo. Una solución intermedia es la de conseguir una plaza concertada.

Otra mujer, cuya identidad prefiere preservar, ha logrado recientemente dos para sus padres. "Su pensión superaba el mínimo establecido para entrar en una pública, pero creo que hemos tenido suerte, porque tampoco debe haber muchas plazas de éstas. Pagamos 117.000 pesetas al mes por cada uno y la comunidad autónoma pone el resto. El sitio está bien. Es como un hotel de tres estrellas, pero adecuado a personas que no se pueden valer. Ahora planeamos vender alguna propiedad para seguir afrontando los gastos".

"Yo tuve que esperar tres años para conseguir esta plaza", cuenta María Fernández. "Me apunté sin decirle nada a mi familia porque sabía que no le iba a gustar. Ahora sé que es mucho más difícil entrar y veo que mis nuevos vecinos son mucho mayores. Cuando llegué había baile cada semana y no se veía una garrota". Ahora la edad media supera los 85 años, aunque sigue habiendo actividades. Cada tarde, por ejemplo, bingo en la biblioteca.

La esperanza de vida en España es una de las más altas del mundo. Se sitúa en casi 82 años para las mujeres y en 74 para los hombres. Y ese envejecimiento que María observa casi cada día es una pequeña muestra de lo que está ocurriendo desde Alcalá de Henares hasta en Copenhague. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo (OCDE) calcula que, cada año, la edad media de los europeos envejece cuatro meses, de manera que si ahora la media española de edad está en 37,8, en el año 2010 estará en 41,1, y en 2020, en 44,6.

Así que, si como ocurre en España, no se invierte en este sector, no queda otro remedio que imponer crecientes restricciones. María, si bien es una mujer no dada al lamento, cuenta cómo los programas del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), de los que ella guarda gratos recuerdos, han ido recortando su oferta de vacaciones en los últimos años. "Muchos vieron el mar por primera vez gracias a esas excursiones", cuenta. "Yo he estado en Gibraltar, en Fuengirola, en Marbella, en Palma..., pero ahora ya no puedes pasar tanto tiempo fuera como antes. Entonces podías viajar hasta 27 días si no salías de la Península y 23 si viajaban a las islas. Ahora, el máximo es de 14 noches y 15 días".

La sociedad española envejece a pasos agigantados y esto no debería percibirse como una mala noticia. "Es una tremenda conquista social, al fin y al cabo", explica un experto. "La gente vive más y en mejores condiciones y eso es estupendo". Actualmente, 6,8 millones de españoles tienen más de 65 años. De ellos, el grupo de los mayores de 80 años no para de crecer. En estos momentos son 1,4 millones y entre ellos se encuentran los más necesitados del Estado de bienestar, ya que tienen el más alto índice de incapacidades y necesidad de ayuda en general.Según un estudio del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) de 1995, uno de cada cuatro mayores de 65 años necesita algún tipo de ayuda para sus actividades cotidianas. De entre ellos, unos 900.000 viven en domicilios particulares y son considerados dependientes.

¿Quién les atiende? Lamentablemente, los mayores dependientes en España son mayoritariamente una carga familiar, que suele recaer indefectiblemente en la mujer de la casa. Una carga de la que el Estado se ocupa en poca medida tanto indirectamente -hay ayudas mínimas y ningún incentivo fiscal para los que tienen mayores a su cargo- como directamente -atención sociosanitaria-.

Plazas asistidas

Según los datos oficiales del Imserso, en España sólo hay 191.358 plazas de residencia de ancianos (60.127 de ellas, públicas). Y el problema es que la mayoría de las plazas son para ancianos válidos. Las plazas asistidas (especiales para mayores dependientes) suman sólo alrededor de 80.000. De hecho, en las propuestas de los partidos se incluye la conversión de muchas de las plazas existentes hoy en plazas asistidas, que son las que más demanda tienen.

La oferta resulta en España claramente insuficiente. Recientemente, este periódico publicó, con diversos datos de las comunidades autónomas, que la lista de espera para entrar en una residencia pública era de otros 80.000 ancianos. Pero otro dato que demuestra la pobreza de la oferta es el de las ratios de plazas disponibles, que dejan a España es un muy mal lugar: 3,03 plazas por cada cien mayores en España frente a, por ejemplo, la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es de 5,1. Aún más grave es la paupérrima oferta de la atención domiciliaria, que da cobertura sólo al 1,6% de la población mayor de 65 años, muy lejos de la oferta de países como Francia (11%) o Bélgica (20%).

Es un problema grave porque todas las tendencias actuales coinciden en fomentar esta oferta, ya que permite a los ancianos quedarse en sus casas, sin someterlos a la segregación que suponen las grandes residencias.

En términos generales no se podía esperar otra cosa de la oferta de plazas y de asistencia domiciliaria si se tiene en cuenta el gasto español en protección social (véase el gráfico adjunto), que demuestra que el déficit en este terreno es de siete puntos en el PIB por debajo de la media de la UE.

A todo esto habría que añadir la cuantía de las pensiones españolas. Ciertamente, hoy todos los ciudadanos tienen derecho a una pensión mínima no contributiva (una conquista reciente), pero ésta es para 1999 de sólo 37.960 pesetas, íntegras mensuales, más dos pagas extras.

El llamado cuarto pilar del Estado de bienestar, que es la protección de los mayores, cojea sin duda en España y, salvo que se acometan medidas políticas urgentes, el futuro se presenta preocupante. Todos los estudios demográficos referidos a España vaticinan un acelerado envejecemiento de la población. Dentro de veinte años, los mayores de 65 años sumarán ya 8 millones, lo que en términos relativos supone que rozará el 20% de la población total. El segmento más problemático, el de los mayores de ochenta años, sumará, también dentro de veinte años, 2,22 millones de personas.

Inmigrantes

Recientemente, la ONU alertaba sobre la necesidad de que este país abra la puerta a 12 millones de inmigrantes de aquí al año 2050, ya que para esas fechas habrá sólo 1,4 españoles para cada jubilado. Pero esa sería una medida eficaz sólo para mantener la precaria situación de hoy de los mayores españoles.

Algunos expertos creen que España podría subsanar sus carencias en este terreno sin someter al Estado a una sobreexplotación. Opinan que la clave es la redistribución de los recursos, además de tener en cuenta que es un sector que, impulsado desde la Administración, debería generar nuevos puestos de trabajo y, a su vez, dinamizar la economía.

Tendría beneficios, a su vez, en el sistema sanitario. Éste es un argumento que ha utilizado reiteradas veces la portavoz sanitaria de IU, Ángeles Maestro. Un estudio de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología demuestra que una de cada cinco camas hospitalarias están ocupadas por mayores con enfermedades cronificadas. Muchos de esos ancianos deberían ocupar camas de residencia de ancianos. No sólo estarían mejor, sino que resultarían más baratos al erario público si se tiene en cuenta que una cama hospitalaria pública cuesta alrededor de 40.000 pesetas diarias y una cama residencial, 6.000.