La urbanización de Aguadulce presenta querella contra el alcalde de Roquetas

El alcalde de Roquetas de Mar y número cinco por la candidatura popular almeriense al Congreso de los diputados, Gabriel Amat, ha sido denunciado en el juzgado de instrucción de la localidad por un presunto delito de fraude, falsedad, estafa y prevaricación continuada desde que llegara al Ayuntamiento en 1987. La querella, presentada ayer por la Entidad de Conservación de la Urbanización de Aguadulce (ECUA), acusa al alcalde de enriquecerse injustamente usando su cargo político.

ECUA alega la participación de Amat en al menos ocho sociedades con las que ha realizado ventas directas de terrenos, adquisiciones fraudulentas de inmovilizado, recalificaciones de espacios libres o construcciones en zonas verdes.Entre los querellados también figuran el actual concejal de Urbanismo, José María González Fernández, un técnico del Ayuntamiento y un arquitecto contratado por éste. Los documentos presentados en el juzgado describen cómo Gabriel Amat, desde que llegara al Ayuntamiento de Roquetas como concejal de Urbanismo en 1987, ha mantenido una conducta contraria a la imparcialidad y objetividad para enriquecerse injustamente "a costa de la calidad de vida y de los derechos adquiridos de los ciudadanos". El tinglado de Amat, calificado como "monumental, especulativo y corrupto", se detalla con una lista de ocho sociedades que el alcalde ha constituido o al menos integrado de forma directa o a través de personas interpuestas. Así, aparece reflejada la sociedad Sur Poniente S.A., concesionaria de la firma Wolkswagen y de la que Amat es socio principal, a la que la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas -formada exclusivamente por el PP- aprobó la compra de cuatro vehículos Wolkswagen por diez millones y medio de pesetas. La sociedad Nueva Aguadulce S.A., de la que el alcalde fue miembro del consejo de administración con el cargo de presidente y consejero delegado desde agosto de 1993 a mayo de 1998; o las sociedades Residencial de Villadores de Aguadulce S.A., Complejos Apocalipsis S.A., Softtoll S.A., Miradores del Puerto S.A., Crisfera S.A. e Inmuebles del Poniente S.A. completan la lista de empresas de las que Amat es accionista y ha ejercido cargos de representación de forma paralela al cargo institucional, según la querella.

Entre los posibles delitos cometidos, ECUA señala la compra "obligada" de agua al pozo San Manuel, del que la esposa de Amat, María Pintor Moreno, era propietaria de más de cien horas. Los propietarios del Sector 9, donde está ubicado el pozo, se verían así obligados por la gestión del alcalde a comprar agua ya que el primer edil "tenía luego que aprobar las cesiones que él mismo efectúa y otorgar licencias, todo ello, además, en perjuicio de otros copropietarios de agua que hubieran podido vender también sus horas". También se acusa al alcalde de haber vendido 336 horas de agua por 336 millones de pesetas del pozo Las Losas aprovechando su condición de concejal de Urbanismo y alcalde. Las normas subsidiarias de planeamiento de Roquetas imponían a los promotores de los diversos Sectores el compromiso de aportar a su costa un caudal de agua suficiente de 260 litros por habitante y día, asignándose a la hora de agua el precio de un millón de pesetas. ECUA denuncia que, amén del la gravedad derivada de que el alcalde, además de vender agua fuera la persona que acepta la cesión obligatoria de la misma, las aguas vendidas por Amat no son de buena calidad y además el pozo se halla desmantelado.

Otros delitos descritos son la construcción en zona verde de un edificio estando ya en vigor el PGOU o la recalificación de una finca del propio Amat -de la que es accionista en un 17.5%- que, con un coste inicial de 70 millones de pesetas fue vendida por su esposa, María Pintor, por casi 400 millones.