El juez exculpa del asesinato del dueño del cámping de El Pont de Bar a la viuda de éste

El Juzgado de La Seu d'Urgell (Alt Urgell) exculpó ayer a las cuatro personas que continuaban inculpadas del asesinato del hostelero Josep Campi, propietario de un restaurante y de un cámping en las afueras de la localidad de El Pont de Bar. De las seis personas detenidas por el caso, sólo cuatro ingresaron en prisión, aunque en la actualidad todas están en libertad bajo fianza. Una de las encartadas en la causa era Carmen Badía, considerada inductora del asesinato de su marido. Sin embargo, en el auto de procesamiento emitido por el titular del Juzgado de La Seu, Eduardo Marquina, se exculpa a la viuda por considerar que no existen pruebas determinantes contra ella.También han quedado exonerados de culpa Josep Bolló, que supuestamente le facilitó los cinco millones de pesetas para pagar a los sicarios; José Manuel Cantó, un vecino de Girona que en las primeras diligencias policiales figuraba como autor material del crimen, y Francisco Mesa, detenido como encubridor.

En el mismo auto se procesa a José Antonio García Justo como presunto autor material del crimen y a Iván Hoyos como colaborador necesario. Asimismo el juez acordó abrir diligencias penales contra Badía por usurpación de personalidad, ya que se sospecha que fue la autora de una serie de cartas que aparecieron publicadas en la prensa local con la firma de otras personas domiciliadas en La Seu. En ellas se desacreditaba a la madre y a la hermana del difunto por haber cuestionado su paternidad.

Crimen perpetrado en 1997

El crimen se cometió el 9 de octubre de 1997 por la noche, cuando dos encapuchados entraron en el restaurante de Campi y, tras exigirle el dinero de la recaudación del día, le dispararon seis tiros en la cabeza y lo remataron a puñaladas en el suelo. Antes de huir, sin llevarse el dinero, los atracadores también intentaron eliminar a su hermana, Carme Campi, que resultó herida en la cara y en un hombro, y a su madre, Maria Jordana. Las dos mujeres lograron salvar la vida porque a los malhechores se les acabó la munición. Éstas identificaron a García Justo y Hoyos como las personas que esa noche entraron en el local primero para tomar unas consumiciones y 10 minutos después regresaron con capuchas.

Por el modo de actuar, la Guardia Civil sospechó desde el primer momento que los criminales actuaron por encargo de alguien, por lo que todas las sospechas recayeron en Carmen Badía, una mujer con antecedentes delictivos y que se acababa de separar de su marido. Los investigadores tardaron cinco meses en demostrar que la viuda planeó deshacerse de Campi para poder heredar, a través de una hija del matrimonio, la fortuna del difunto, valorada en más de 100 millones de pesetas. El empresario murió sin testar, por lo que su patrimonio pasará a la menor.