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Editorial:

Siniestro total

No caben ya más disimulos ni coartadas: España es un país tercermundista en lo que a seguridad laboral se refiere. El número de accidentes laborales, más de 1,6 millones anuales, es ampliamente superior a los que se registran en cualquier país europeo, y además crecen de forma exponencial desde 1993, en parte porque ha aumentado el empleo y en parte porque ni la legislación española ni los usos empresariales han conseguido incorporar la cultura de que la seguridad de los trabajadores es un factor social de primera magnitud, por encima de cualquier consideración de gasto o beneficio.El valor de las vidas humanas, en cualquier cálculo, es infinito. No es de recibo que en España se registren 10 muertos por cada 100.000 trabajadores mientras que en Europa apenas se contabilizan cinco. Pero es que, además, la elevada siniestralidad genera costes muy elevados, en términos de atención médica y de pérdida de horas de trabajo. La sociedad española debe tomarse muy en serio este problema, que nos aleja de la Europa civilizada de la que formamos parte, si no quiere seguir pagando un tributo que es en gran medida evitable.

El primer paso de esta toma de conciencia es admitir que la actual legislación, plasmada en la Ley de Seguridad Laboral de 1995, es insuficiente y debe ser revisada, probablemente para endurecer las sanciones, aumentar las inspecciones y elevar la formación de los trabajadores. No es casual que el mayor número de accidentes se produzca en los sectores con mayor precariedad laboral y en los puestos de trabajo menos cualificados. Los accidentes no disminuyen por arte de encantamiento, ni se reducen porque se monten escuelas o cursos para formar técnicos de prevención. Hacen falta normas legales claras, sanciones disuasorias en caso de incumplimiento y una inspección vigilante y eficaz.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de febrero de 2000