La directora desmiente que el Ivex dificulte la investigación judicial

La directora del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), Carmen de Miguel, aseguró ayer que la empresa pública está remitiendo al juez que investiga el supuesto agujero de 1.049 millones que padece la sociedad "toda la documentación" que éste le solicita. De Miguel, aunque el Ivex no ha entregado aún el acuerdo por el que presentó la querella, fue clara: "No hay oposición ni en absoluto obstrucción a la justicia". Mientras, el ex director financiero de la sociedad negó ante el juez la existencia de una deuda con el Arab Bank.

La directora del Ivex no quiso explicar por qué el magistrado que investiga el quebranto económico,Vicente Ríos, ha tenido que solicitar en dos ocasiones el acuerdo del consejo de administración de la empresa pública por el que se presentó una querella contra su antecesor en el cargo, José María Tabares, y un empresario francés Jean Luc Lagier. Tampoco explicó la decisión por la que la sociedad dependiente de la Generalitat negó al juez el documento solicitado. "Lo que procede es no hacer ningún tipo de declaración, sino es ante el juez y en el juzgado", declaró ayer de Miguel en Alicante. El Ivex, tal como consta en su respuesta a Ríos, intentó eludir la entrega del citado documento con un solo argumento: la falta de su aprobación definitiva. Al parecer, los acuerdos tomados por la dirección de la sociedad no son firmes hasta la definitiva aprobacion del acta de la reunión, que se realiza en la posterior (y aún no realizada) convocatoria. El juez no aceptó los argumentos de los abogados del Ivex y concedió un plazo de cinco días al instituto para entregar el documento.

El acuerdo del consejo de administración autorizó la presentación de una denuncia contra Tabares y Lagier, a los que el instituto acusa de sendos delitos societarios. Según la querella, el ejecutivo y el empresario francés urdieron un plan para, de espaldas al consejo de administración, desviar recursos públicos al conglomerado de empresas de Lagier. El Ivex sostiene que esa entente, además de ilegal, ha generado un agujero de 1.049 millones de pesetas a la entidad.

Ex responsable financiero

Tabares y Lagier negaron cualquier irregularidad ante el juez. Al contrario: justificaron los acuerdos entre el Ivex y las empresas del súbdito francés por dos razones. En primer lugar, por la necesidad del instituto de seguir generando derechos de exportación para Ford. Por otra parte, por la necesidad de refinanciar la deuda de 533 millones de pesetas que la empresa pública contrajo con el Arab Bank.

El pasado jueves, el responsable de esa entidad financiera en España, Felipe Espinosa, reconoció la existencia de la deuda, contraida antes de la llegada de Tabares al cargo. Ayer, de manera "inexplicable" para los abogados de Tabares y Lagier, el ex responsable financiero del Ivex, Miguel Rovira, negó la existencia de esa deuda.

Según explicó el abogado de Lagier, Manuel Delgado, Rovira intentó explicar que la mencionada deuda no era del Ivex, sino de Sonotube, una compañía del empresario francés. En opinión de Delgado y Juan Vicente Saez, letrado de Tabares, este argumento es insostenible.

Según ellos, la deuda fue contraida por el Ivex, que, con los adelantos del Arab Bank, compraba productos a Sonotube en Túnez para vendérselos a Apod en Francia y así facilitar las exportaciones de Ford en el país magrebí. "Es totalmente surrealista que una empresa que compra no tenga que pagar y todavía es más difícil que un banco le regale el dinero", aseguró Delgado a Europa Press.