Opciones de futuro para todos JOAQUÍN ALMUNIA

Al convocar elecciones para el próximo 12 de marzo, Aznar daba la victoria por descontada. Al fin y al cabo, la economía española va bien y, como pensaba Laureano López Rodó, el crecimiento de la renta per cápita debe garantizar por sí solo el apoyo popular a un gobernante. Es cierto que Aznar es el primer presidente del Gobierno que comenzó su mandato en una fase expansiva de la economía: no tuvieron esa fortuna ni Suárez en 1976, ni Calvo Sotelo en 1981, ni Felipe González en 1982. Pero ello no ha impedido que Aznar proclamara que "el milagro soy yo", o que algún alto dirigente del PP haya dicho que se acude a él "como se visita a un santo".La derecha ha infraestimado siempre al pueblo español. Pero si algo evidencia la conducta electoral de este pueblo es que tonto no es: sabe que la reforma del IRPF acordada por la derecha ha supuesto el ahorro de un millón de pesetas para una familia con unos ingresos de 15 millones, pero 20 veces menos (50.000 pesetas) para una familia que gane solamente tres millones. Y si España va tan bien, ¿cómo es que ha habido que arrancar a la fuerza al Gobierno de la derecha una subida, por lo demás bien modesta, para las pensiones más bajas? Y, tras cuatro años, la gente se pregunta ¿qué ha hecho el PP por la educación, las mujeres, el medio ambiente, los jóvenes o la cultura?

"Vamos a más": ellos, desde luego, sí. Ante el estupor general, acompañado por una sensación de impotencia, unos amigos de Aznar, teledirigidos por él y por Rato, han llevado a cabo la más escandalosa operación financiera y mediática que pueda imaginarse. Por un lado, un pelotazo sin escrúpulos: el reparto de un botín de 75.000 millones de pesetas de opciones sobre acciones (stock options) entre unos pocos afortunados. Para ellos sí que Aznar ha sido un milagro. Por otro lado, una kafkiana concentración de poder en la economía y en los medios de comunicación que, de cuajar, puede aniquilar las reglas de la democracia.

Si atendemos a sus diversas ramificaciones, el monstruo acordado por esos dos amigos de Aznar, Juan Villalonga y Francisco González, tiene un peso equivalente al 60% del Ibex 35. Y controla televisiones abiertas, plataformas televisivas digitales, periódicos de información general, económicos, deportivos, cadenas de radio... Pero el caso de Telefónica no es excepcional: antes de privatizarlas, Aznar colocó al frente de empresas públicas, patrimonio de todos los ciudadanos, a amigos suyos, y ahí siguen, dirigiéndolas una vez privatizadas. La concentración de poder resultante equivale a un 40% de nuestro PIB.

¿Esperaban que esto sucediera de forma invisible? ¿O que la reacción fuera fatalista y resignada? Si en términos prácticos esta operación puede desequilibrar la competición democrática y oligopolizar la economía de forma inaceptable, para los ciudadanos significa convertirse en rehenes de esta oligarquia y estos monopolios.

Privatización oligopolística y oligárquica, sí. De liberalización, nada. Se ha consolidado el monopolio del gas, la Ley del Tabaco ha impedido la competencia con Tabacalera, las diez empresas del sector eléctrico han quedado reducidas a dos, que controlan más del 80% de la generación y distribución de la electricidad y que han recibido del Gobierno conservador un suculento regalo billonario. Las víctimas han sido los ciudadanos, que han pagado más de lo que debieran por estos servicios.

La legislatura que se inició con una declaración de Aznar: "Aquí había un problema y se ha solucionado", al tratar de forma inhumana a unos inmigrantes llegados en pateras, concluye con la explosión racista de El Ejido, estimulada por su alcalde del PP, amparado por su partido. Como si resumiese en unas semanas la sustancia de estos cuatro años, la legislatura concluye también con la defenestración inaclarada del ministro Pimentel y con las trampas descaradas de Matutes para burlar a la justicia y eximir a Pinochet de responder por sus crímenes.

Los ciudadanos españoles esperaban una oportunidad para la esperanza, signos de que el cambio era posible. Pero la desmovilización era amplia, por mucho que tanto las elecciones europeas como la victoria socialista en Cataluña mostraran la amplitud de esos sentimientos progresistas. Ese signo ha sido el pacto entre el PSOE e IU, sobre todo por lo que representa de tiempos renovados. Ese pacto responde a lo que, en su momento, denominé la "causa común" de los progresistas de este país.

La izquierda es plural, no sólo en España, sino en la mayoría de los países europeos. Ello no es razón para la división, cuando existe un claro denominador común consistente en la democracia y la igualdad. En esta base se han fundado los Gobiernos de coalición de esa izquierda plural, desde Suecia con Olof Palme a Francia con Jospin. Esos Gobiernos han podido aunar crecimiento económico y distribución equitativa de sus resultados hasta situar a sus países en cotas envidiables. Nosotros estamos 20 puntos por debajo de la renta per cápita media europea (en paridades de poder adquisitivo); Francia, más de 10 puntos por encima.

El pacto que suscribimos es un acuerdo para gobernar. Y para gobernar primero hay que ganar. Todos sabemos que el sistema electoral español castiga la división y premia la concentración del voto. Por eso, a pesar de contar con más votos, Maragall obtuvo menos escaños que Pujol. Para gobernar, sobre todo, es necesario recuperar la ilusión por parte de los votantes progresistas. Que se movilicen y no se abstengan. Y que no se desperdicie ni un voto.

Desgraciadamente, ETA ha entrado en campaña. Como lo ha hecho habitualmente desde las primeras elecciones democráticas. Pero su campaña es otra, como otro es su proyecto. Su programa es la muerte. Hace pocas semanas acabó con la vida del teniente coronel Blanco. Ahora lo ha hecho con las de Fernando Buesa y Jorge Díez. Todas las vidas valen lo mismo: todo. Pero cuando se asesina a un portavoz parlamentario se está asesinando la libertad. No quieren acabar sólo con la vida de un hombre, sino con todo un pueblo. Frente a la campaña que quiere ETA tenemos que decirle, con una sola voz, que nunca lograrán otra cosa que dolor y destrucción: un miserable bagaje. Hemos de recomponer la unidad de todos los demócratas. Las elecciones son el tiempo de debate, de la pacifica confrontación de ideas, del respeto a la pluralidad. Pero no podemos pagar el precio de nuestra discusión cuando lo que está en juego es la libertad y la vida.

Pero las elecciones son también el momento en que los ciudadanos manifiestan sus convicciones. Estos dias lo han hecho en la calle gritando ¡basta ya! Es un grito que se puede reproducir millones de veces el próximo 12 de marzo. Tantas como votos seamos capaces de depositar en las urnas los demócratas, los que queremos vivir en paz. Votar es, también, una forma de afirmar nuestra voluntad de paz, de rechazar a quienes matan, de derrotar a ETA.

El pacto entre el PSOE e IU ha configurado dos alternativas de gobierno: sabemos en qué consiste la que plasmarán, si pueden, el PP y Convergencia i Unió: aparatosas descalificaciones preelectorales seguidas de discretos intercambios de favores a espaldas de los ciudadanos. La ocultación, por Aznar, de parte de su programa, constituye al mismo tiempo una falta de respeto hacia los electores y una demostración de su intención de mantener plena libertad de movimientos para pactar con Pujol. La otra alternativa es la encarnada por socialistas e Izquierda Unida, un fenómeno común en toda Europa, aunque inédito en España, que puede llevar a los progresistas al Gobierno.

¿Gobernar para qué? Para democratizar el poder, afrontando la escandalosa concentración de poder económico. Las medidas de liberalización que promoveremos romperán el abuso de los monopolios y de ello se beneficiarán los usuarios de la luz o de la telefonía, por el abaratamiento que traerá una mayor competencia. Democratizar el poder para que el Parlamento no sea rehén de la mayoría gubernamental. Para reforzar a los partidos a una financiación transparente. Para que el director general de RTVE sea designado por una mayoría cualificada del Parlamento. Es un compromiso formal que asumo y que desearía que fuera ahora asumido por los demás.

Gobernar para distribuir de forma más justa la riqueza y las oportunidades de vida. Para introducir reformas que impidan la pérdida de poder adquisitivo por el desboque de la inflación, algo que ha sucedido en 1999 con seis millones de trabajadores. Para distribuir con mayor equidad la aportación fiscal sin aumentar la presión impositiva. Para impedir que, como ha sucedido en estos cuatro años, se beneficien las rentas más altas y se penalicen las más bajas.

De obtener la mayoría, mi Gobierno tendrá como principal prioridad la educación, el instrumento más poderoso para abrir oportunidades a las personas y para promover la competitividad de nuestra economía. Pondré fin al abandono con el que la derecha ha pretendido estrangular las reformas socialistas. Mi Gobierno promoverá de nuevo la igualdad de oportunidades y protegerá de la necesidad o la pobreza. Ampliará la red de residencias de ancianos y la asistencia a domicilio. Además de incrementar las pensiones, promoveré perspectivas nuevas de participación, de disfrute del ocio y de la cultura para las personas mayores. Pondré fin a los intentos de privatización de la sanidad pública y financiaré adecuadamente el Servicio Nacional de Salud, extendiendo sus prestaciones.

El actual ciclo de creación de empleo se inició en 1994, con Gobierno socialista, y se prolonga ya durante seis años. Resulta inaudito que con una economía en crecimiento el Gobierno haya aceptado el fatalismo o el chantaje de los empleos precarios que a veces llegan a una auténtica explotación. Mi Gobierno pondrá fin a los abusos de las empresas de trabajo temporal y apostará por una mayor calidad de los empleos para jóvenes.

Un Gobierno comprometido con el acuerdo programático suscrito por PSOE e IU acabará con la política miope de la derecha, que mira sólo al presente, con ojos de publicitarios, y desprecia el futuro. Una derecha que ha recibido billones de privatizaciones y ha incrementado en billones la deuda. Y que, a pesar de ello, ha dejado caer lamentablemente la inversión pública. Una derecha que se siente orgullosa de haber alcanzado el 80% de la renta per cápita europea, dos puntos más que en 1975, el mismo periodo en el que los irlandeses han recortado 25 puntos.

Los españoles no pueden ni deben resignarse. Frente a la mercadotecnia del presente deben exigir un claro compromiso de futuro. El progreso se mide en infraestructuras, en investigación, en el cuidado a la universidad. El progreso se mide por no vincular el crecimiento a la dependencia de la energía nuclear. El progreso se mide por dar mayor calidad a la democracia, aumentar las oportunidades y reducir las desigualdades.

Éstas son las políticas que se corresponden con lo que los Gobiernos de la Unión Europea, progresistas en su abrumadora mayoría, están llevando a cabo. Es también una España "como tú la harías". No como el PP, que se la está quedando. Para mí, la "causa común" representa opciones de futuro para todos. A veces me preguntan con que político me identifico más, si con Blair o con Jospin. Me identifico con mi país, que es España, y siempre he sido un socialdemócrata.

Joaquín Almunia es secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno.