El deporte se suma a las prioridades para el 12-M

Deporte y calidad de vida son ya términos asociados. Así lo contemplan, al menos, las cuatro formaciones políticas andaluzas en sus programas electorales. En todos, la práctica deportiva es considerada un derecho y un elemento indispensable para conseguir el reequilibrio territorial y la cohesión social en la comunidad. El desarrollo de la Ley del Deporte de Andalucía y del Plan Director de Instalaciones, junto a la celebración de grandes eventos, entre otras propuestas, centran las políticas de los partidos.El auge en los últimos años de la práctica deportiva conlleva el incremento de la demanda de instalaciones apropiadas. Reflejo de esto es que el gasto medio por habitante en material deportivo ha aumentado en España de 1993 a 1998 en un 121,6% y, en este último año, se ha situado en 12.787 pesetas de media por habitante. Un 80% del total de la población afirma practicar regularmente algún deporte, según el Libro Blanco del Deporte presentado en el Salón Internacional del Deporte, celebrado en Barcelona. Andalucía junto con Cataluña son las dos comunidades que mejor han compaginado el incremento de la demanda con su oferta. Ambas comunidades cuentan con el mayor número de instalaciones deportivas del país, aunque el aumento de infraestructuras respecto al año 1985 ha sido mayor en Baleares, Aragón y Asturias.

Mantener este equilibrio entre oferta y demanda es el objetivo del Plan Director de Instalaciones Deportivas para Andalucía 1998-2008, consensuado por todos los grupos políticos -con un presupuesto total de 140.000 millones-, y cuyo desarrollo es uno de los puntos compartidos por todas las formaciones en sus programas. Lograr un equilibrio que facilite el derecho a la práctica deportiva es el objeto fundamental de la política de los partidos andaluces, aunque las vías para su consecución difieran.

Así, el PSOE plantea el desarrollo del Plan Director "que coordine todas las iniciativas públicas y privadas, con plazos concretos, que permitan completar la red de instalaciones, corrigiendo posibles desequilibrios". La propuesta socialista la completa la elaboración de planes provinciales para pequeños municipios y la firma de convenios con los ayuntamientos de los grandes núcleos urbanos para satisfacer la demanda a todos los niveles.

Control de la financiación

La política de inversiones deportivas del PP andaluz se centra, entre otros aspectos, en el desarrollo reglamentario del deporte: controlar la financiación y promover "la participación privada en el fomento del deporte y en la financiación de instalaciones".

Todo en pro de un "deporte de calidad", objetivo que, según la propuesta popular, se alcanzaría aplicando las siguientes medidas: realizar un "Libro Blanco del Deporte" que ayude a mejorar las infraestructuras existentes; "reordenar" el Plan Director de Instalaciones "atendiendo las demandas de los municipios", medida que se complementaría con un plan de gestión y un "Registro censal de instalaciones", de actualización anual. Por su parte, el PA propone completar la dotación de instalaciones previsto en el desarrollo del Plan Director. La propuesta andalucista hace especial hincapié en el "impulso a la Empresa Pública del Deporte"; la "gestión de instalaciones propias" y la elaboración del "Plan General del Deporte", proyectos que se remachan con la creación de un "Consejo Andaluz del Deporte" como órgano de participación de todos los agentes en la planificación y gestión.

Más concreta es la propuesta de IU en materia de infraestructuras. Esta formación, desde el desarrollo de la Ley del Deporte, propone incrementar las competencias de los ayuntamientos "tanto en la práctica deportiva como en lo referente a instalaciones y equipamientos deportivos" en su apuesta por hacer de los municipios los "ejes" de su política. Basándose en el Plan Director, IU plantea consensuar con los municipios un plan de infraestructuras cuyo objetivo es completar la "Red Básica de Instalaciones Deportivas". Además, la coalición propone "desarrollar planes específicos de adecuación de las instalaciones". Todo esto acompañado de una "Normativa Básica de Uso" que regule el uso y funcionamiento de los recintos públicos y privados.