El delegado de Salud de Jaén dimite al imputarle el juez un supuesto fraude
El delegado de Salud de Jaén, Mateo Herrera, dimitió ayer después de haber sido imputado por el titular del Juzgado provincial número 7, Saturnino Regidor, por falsedad documental en un caso de supuesta estafa. El juez investiga unas facturas falsas de la empresa Cerlín sobre operaciones que fueron cobradas al SAS, pero que nunca se realizaron o que se facturaron como intervenciones quirúrgicas de mayor envergadura de la real. Herrera insistió en que es inocente.
Herrera justificó su decisión con el argumento de que no permitirá que este caso sea utilizado durante la campaña electoral contra el PSOE o la Junta. Junto al ex responsable del SAS hay imputadas otras cinco personas por supuestos delitos de falsedad y estafa.La dimisión, con carácter irrevocable, la presentó a primera hora de la mañana ante el consejero José Luis García Arboleya y la delegada del Gobierno en Jaén, María del Mar Moreno. "Soy inocente. Este tema no ha supuesto lucro personal por parte mía ni de ninguna otra persona adscrita a la Administración sanitaria", sentenció Herrera.
La versión del ex delegado de Salud es que todo el caso está basado en que "unos funcionarios competentes" encargados de los conciertos con clínicas privadas hicieron "una especie de pago anticipado" a las empresas al final de un ejercicio presupuestario (1994) "para no perder dinero, para poder ejecutarlo y quitar a muchas personas de las no deseadas listas de espera". El problema llegó, dijo, cuando esas empresas no cumplieron el compromiso adquirido.
Herrera asegura que no existe ninguna prueba en su contra. Lo que ha justificado su imputación es la declaración de dos trabajadores del SAS, quienes han asegurado que todo lo hicieron por orden del delegado de la Junta. "No hay nada más que eso, y eso parece que es motivo más que suficiente para que la Justicia me lleve a la situación que me ha llevado".
Junto a Herrera están imputados José Luis Molina y Marcial Mariscal, responsables del SAS en los conciertos. Por parte de la empresa, los imputados son Araceli Martínez, Eduardo Bonet y Juan Manuel López Sagastizábal. Han quedado exculpados el ex secretario de la Delegación Juan López; el jefe de servicio de Recursos, Manuel Cabellos, el funcionario Antonio Sánchez y el empresario Ramón Segura.
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