Pacheco y el PP exigen la dimisión de Álvarez por la ley de Cajas
Andalucistas y populares exigieron ayer al alimón la dimisión de la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar un artículo de la Ley de Cajas de Ahorro y las disposiciones adicionales segunda y tercera, referentes a los derechos de la Iglesia católica en Cajasur. Álvarez minimizó los efectos de esta decisión del alto tribunal y atribuyó al Gobierno del PP una actitud de "provocación y bloqueo" a la Junta.
Lo más sorprendente de esta coincidencia es la posición del PA, socio del PSOE en esta legislatura, y que pactó con los socialistas este texto legal. El candidato del PA a la Junta, Pedro Pacheco, responsabilizó a Álvarez del "estrepitoso fracaso" de la ley y dijo que la decisión más "más honesta" que la consejera puede adoptar es la "dimisión". Pacheco, que se reunió con el presidente de la patronal andaluza, Rafael Álvarez Colunga, instó a los responsables de las seis cajas de ahorro andaluzas a que "aceleren los contactos para que fructifiquen" futuras fusiones, pero siempre con respeto a lo que establezca el sector financiero. El candidato del PA añadió que la actual ley está "muerta" y abogó por hacer una nueva con el consenso de todos los grupos políticos. Álvarez Colunga defendió el recurso del Gobierno por la particularidad de Cajasur.
Por su parte, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, aprovechó la suspensión cautelar de algunos preceptos para reclamar la dimisión de la titular de Economía y hacer una desautorización de toda la ley, que, en su opinión, es un "bodrio inservible". El dirigente popular extendió también la responsabilidad al presidente andaluz, Manuel Chaves, por haber sacado adelante un "capricho irresponsable en su obsesión por el control político de las cajas". Pese a que aún no hay una decisión firme del Tribunal Constitucional, Sanz aseguró Álvarez está "deslegitimada" para seguir en el cargo. "Por dignidad debe dimitir", sentenció.
Mientras, Álvarez subrayó que la suspensión parcial no afectará a la aplicación del resto de la ley y que en ningún caso es un "triunfo del Gobierno". Señaló que la admisión del recurso sólo "beneficia" al Cabildo Catedralicio de Córdoba, que se niega a que se reduzca su presencia en los órganos de gobierno de Cajasur. La titular de Economía obvió las exigencias de dimisión procedentes de PA y PP.
Por su parte, el portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan José Asenjo, expresó su confianza en que los artículos recurridos sean declarados finalmente inconstitucionales, informa Europa Press.
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