Todos los inmigrantes llegados antes del 1 de junio podrán regularizarse

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el decreto que desarrolla la disposición transitoria de la nueva Ley de Extranjería, en virtud del cual regularizarán su situación todos los extranjeros que puedan acreditar "encontrarse en España de forma continuada desde antes del 1 de junio de 1999". Unos 80.000, según estimaciones oficiales.El Gobierno ha asumido el 80% de las observaciones que las ONG que participan en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes plantearon al primer borrador del texto. La principal de ellas es la ampliación hasta el próximo 31 de marzo del plazo para solicitar permiso de trabajo o residencia por parte de todos aquellos extranjeros que no lo hayan tenido ni solicitado hasta ahora.

La ley señala que, para poder acogerse a la regularización, será preciso, además de acreditar la estancia en España desde antes del 1 de junio de 1999, haber tenido permiso de residencia o trabajo, o haberlo solicitado, en los tres últimos años.

No aclara, sin embargo, desde qué fecha se cuentan esos tres años. El primer borrador del decreto interpretó que se refería a los tres años anteriores a la vigencia de la ley y que, en consecuencia, el plazo acababa el pasado 1 de febrero, cuando entró en vigor. Eso explica, en parte, las aglomeraciones que se produjeron en esos días ante las oficinas de Extranjería.

El texto definitivo amplía, en cambio, dicho plazo hasta el próximo 31 de marzo. Con esta medida se trata de evitar que ninguna persona que esté en España desde antes del 1 de junio del año pasado se quede fuera del proceso de regularización por haber carecido de información suficiente para presentar la correspondiente solicitud.

Además, con el propósito de evitar que se repitan las colas, el Gobierno ha aceptado prolongar durante cuatro meses (del 21 de marzo al 31 de julio) el proceso de regularización, en vez de los dos meses (del 22 de febrero al 28 de abril) previstos en un principio.

El decreto señala que "se establecerán mecanismos de colaboración con las organizaciones no gubernamentales, asociaciones de inmigrantes y organizaciones sindicales en la presentación de solicitudes".

A los inmigrantes que cumplan los requisitos se les concederá un permiso de trabajo y residencia -o sólo de residencia- de un año de duración, salvo que ya hubieran disfrutado de uno anterior, en cuyo caso el nuevo permiso será más favorable que aquél.

El decreto suprime las limitaciones de carácter geográfico, sectorial o de actividad que hasta ahora tenían muchos permisos de trabajo.