Ninguno de los 24 embalses de la región tiene planes de emergencia ante situaciones de riesgo

Ninguno de los 24 embalses de la región cuenta con un plan de emergencia, norma que establece las medidas que deben tomar las autoridades en caso de peligro. El Canal, principal gestor de los pantanos de la región, afirma que el Estado todavía no ha aprobado la norma reguladora que debe regir los planes de emergencias regionales, por lo que su elaboración está estancada. IU cree, en cambio, que la Comunidad tiene "autonomía" suficiente para redactar ya los planes. Las hidroeléctricas replican que la redacción de los planes puede provocar "alarma" si trascienden de "forma sesgada".

En marzo de 1996, el Ministerio de Medio Ambiente publicó el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, que fijaba el plazo de un año para que los titulares de las presas- en el caso de la Comunidad son el Canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo- clasificasen los embalses en virtud de su peligrosidad. A finales de 1997, el Canal tuvo acabados sus estudios. De los 24 embalses de la región, 12 resultaron del llamado tipo A, y el resto del B. La clase A corresponde a los embalses potencialmente más peligrosos. Su clasificación se realiza mediante una fórmula matemática que incluye dos valores fundamentales: la cantidad de agua que puede almacenar la presa en cuestión y el número de personas que viven en su cauce. Los embalses del Canal del tipo A son: Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, El Vellón, Santillana, Navacerrada, Navalmedio, La Jarosa, Las Nieves y Valmayor. La Confederación Hidrográfica del Tajo sólo gestiona directamente un pantano, el de San Juan, que también es del tipo A.

Pero antes de elaborar los planes de emergencia de estos embalses, es necesario que la Dirección General de Obras Hidraúlicas del Ministerio de Medio Ambiente redacte la Guía técnica para la Elaboración de los Planes de Emergencia de Presas. Este documento establece, por ejemplo, cuándo deben abrirse las compuertas, desde dónde deben controlarse posibles avenidas o qué instrumentos técnicos deben existir en las presas.

Autonomía suficiente

Pero la citada guía sigue sin ser aprobada, por lo que la Comunidad no puede redactar los planes de emergencia, según afirman sus responsables. Sin embargo, el portavoz de Medio Ambiente de IU en la Asamblea regional, Julio Setién, reclama que el Gobierno regional los apruebe aunque no exista una norma estatal. "Cuando el Gobierno quiere, tiene autonomía para hacer lo que quiere. Que la aplique esta vez para elaborar los planes de emergencia" de los embalses, pide Setién.

El gerente del Canal, Ricardo Domínguez, asegura que la falta de estos planes no supone ningún peligro. "Ya conocemos el borrador de la guía, y el Canal supera con mucho todas las medidas que ésta propone en seguridad. El estado de nuestros embalses es excelente y no tendremos ningún problema en adaptarnos a las futuras normas", destaca.

El gerente del Canal recuerda que este organismo público tiene perfectamente controlada la seguridad de los embalses, ya que los pantanos cumplen todas las "normas" de seguridad. Disponen de péndulos que controlan sus movimientos, personal especializado en las presas y expertos que analizan el estado diario de los embalses. En el caso de El Atazar, la mayor de todas las presas madrileñas, se llegó a contratar a un experto suizo para que contrastara los datos del Canal.

Domínguez añade que, de todas formas, tendrán acabados los planes este mismo año. "Antes que ninguna otra comunidad, porque somos los que llevamos el trabajo más adelantado".

Por su parte, el presidente de la Confederación del Tajo, Juan Antonio Llanos, destaca que, aunque la guía del Ministerio de Medio Ambiente no esté acabada aún, "los planes se pueden ir elaborando ya, porque ya existe un borrador de la guía". Llanos coincide con Domínguez en que la falta de estos planes no supone ningún problema para la seguridad. "El estado de los embalses en la Comunidad de Madrid es excelente, y hay normas muy rígidas de seguimiento", recuerda.

Por su parte, las empresas eléctricas -que en Madrid cogestionan con la Confederación el pantanto de San Juan- se muestran más remisas a la aprobación. En una nota interna de estas empresas se explica que primero deben ser las administraciones públicas las que los pongan en práctica, "como garantía de la viabilidad y efectividad de la redacción, implantación y mantenimiento de los planes" de emergencia.

Y añaden: " Su implantación supone mayores costes económicos, que gravarán los resultados de un sector cuyas tarifas se reducen progresivamente como consecuencia del actual marco competitivo". Las eléctricas creen que "existen dudas de que los resultados esperados de la implantación de los planes de emergencia se compensen con las inversiones a realizar en materia de infraestructura, comunicaciones...".

Y terminan: "Hay que llamar la atención sobre el temor de que los trámites para la aprobación y puesta en marcha de los planes de emergencia trasciendan de forma sesgada a la opinión pública, creando alarma social y provocando, si cabe, una erosión de la actual aceptación pública de presas y embalses".