Los jueces de instrucción llevan siete meses sin reunirse por falta de quórum

Las juntas de jueces de instrucción de Barcelona llevan siete meses sin celebrarse por falta de quórum. En la última, en julio, se debatieron, entre otras cuestiones, los turnos de vacaciones y suplencias, y desde entonces no ha sido posible que acudiesen a la junta la mitad más uno de los 34 jueces de instrucción de Barcelona, incluido el decano, que preside la reunión.En esas reuniones se debaten todas las cuestiones relativas al funcionamiento ordinario de los juzgados y se adoptan, si es necesario y hay quórum, acuerdos de obligada aplicación para unificar criterios de actuación. Así, durante la pasada primavera se debían modificar las normas de reparto y el tema fue llevado sin éxito a varias juntas.

El quórum para que se pueda celebrar una junta es de 18 jueces: la mitad más uno de los 34 convocados. El juez decano de Barcelona, Joaquín Bayo, aseguró ayer a EL PAÍS: "Es evidente que me molesta y no me gusta que no haya quórum", pero puntualizó que, pese a ello, él sigue convocando cada primer jueves de mes a los jueces de instrucción. A la última junta, celebrada el pasado día 3, acudieron 14 jueces.

Montserrat Comas, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona y una de las personas que suelen acudir a casi todas las juntas, censuró ayer la ausencia reiterada de algunos jueces a esas reuniones. "Está claro que existe una falta de interés y de voluntad de participación de algunos compañeros, porque el funcionamiento de la Administración de justicia no es sólo el trabajo del juzgado", afirmó.

El juez decano recuerda que la falta de quórum no afecta a los magistrados de lo civil, penal y social, "posiblemente porque siempre hay temas de máximo interés". Del mismo modo, recuerda que la inasistencia a esas reuniones no se puede sancionar porque no está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El reglamento de 1991 que regulaba las juntas de jueces establecía como obligatoria la asistencia a esas reuniones, pero la Asociación Profesional de la Magistratura recurrió contra él y el Tribunal Supremo lo anuló, con lo que también quedó en papel mojado el reglamento vigente, que data de 1995 y es una copia de aquél.