Un modelo vulnerable.

La crisis por la que atraviesa la Unión Cristiana Democrática (CDU) alemana a raíz del escándalo de su financiación ilegal -que ha envuelto al ex canciller Helmut Kohl- es el más reciente ejemplo de un problema que afecta a numerosos países europeos y abarca un amplio espectro político. Las cuentas irregulares que alimentan en parte los gastos millonarios de los partidos, en especial durante la lucha electoral, constituyen el síntoma de un funcionamiento tramposo de la actividad política cuyas causas y posibles correctivos se analizan en esta página.

Cada partido detrae fondos públicos de la Administración que desvía ilegalmente para financiarse. Cuando no acuden a los fondos públicos, los representantes de los partidos obtienen la financiación de las empresas que contratan con la Administración". No es la crónica sobre la CDU alemana, sino un informe reciente de nuestro fiscal anticorrupción. No parece que alguien se haya sentido afectado por el mismo. Este asunto suele tomarse como una fatalidad, casi como un fenómeno físico. Prueba de ello son las palabras del presidente del Congreso quien reconoce que la entrega de dinero negro a los partidos es una práctica común. Claro que tan sincera declaración se torna en recordatorio de uno de los fracasos más sonados de esta legislatura: la incapacidad de las fuerzas políticas de sacar adelante una nueva ley de financiación de partidos. No se entiende tanta resignación frente al destino, dado que la financiación irregular de los partidos convertida en escándalo arrampla con todo, con partidos enteros y con próceres de la talla de Kohl, dejando a su paso un rastro ominoso de descrédito y desmoralización. ¿No se puede hacer nada contra esta calamidad? Sí, al menos huir de las malas explicaciones. Y es que para algunos la financiación irregular de los partidos sólo representa una disfunción puntual en un sistema que marcha razonablemente bien y que se corrige con retoques a la legislación, con algo más de fondos públicos o privados a tenor del gusto ideológico y con la cataplasma de unos rimbombantes códigos deontológicos. Otros, por el contrario, quieren ver en la financiación irregular la gran causa de la corrupción. Ni una cosa ni la otra. Creo, más bien, que los problemas de financiación de partidos son efecto del modelo imperante en la organización del consenso político.La política, que ha definido siempre su sustancia por la relación con otros poderes, experimenta hoy un proceso de hibridación con el mercado y una particular sinergia entre ella y el dinero. En primer lugar, se han impuesto las pautas de la omnipresente ética mercantil en el funcionamiento de la democracia: cuentan los resultados y no los principios o los procedimientos; todos compiten por lo mismo y todos pretenden ofrecer la misma mercancía a ciudadanos a los que se tiene por clientes. Empresarios y hombres de negocios buscan afanosamente la tangente con un poder político de cuyas decisiones depende su fortuna; y políticos ávidos de dinero para competir ventajosamente, o simplemente para afrontar los altos costes de una actividad siempre necesitada de más recursos, consienten la colusión con los primeros. En segundo lugar, el conglomerado mediático coloniza la comunicación política imponiendo su lógica, mediatiza los procesos de decisión públicos y vacía de sustancia una competición política en buena parte reducida a publicidad, propaganda y maquinaria electoral, actividades, por lo demás, muy costosas. En tercer lugar, agotados los grandes idearios y desvitalizada por esta hegemonía mediático-mercantil, la acción política se desentiende de las pretensiones de realización de un proyecto, con lo que disminuye la afiliación voluntaria, la participación, la colaboración desinteresada del personal cualificado y el apoyo de un electorado de opinión. Este vacío se ve compensado por la afluencia de quienes encuentran en la política un canal de movilidad social ascendente a cambio de apoyo incondicional a las cúpulas de los partidos. El resultado es un crecimiento inexorable del clientelismo y una burocracia mastodóntica, realidades tan voraces como gravosas.

No es lo más importante que esas tres nuevas condiciones disparen los costes de la política, sino que ésta, convertida en modus vivendi y empeñada en no responsabilizar a sus agentes, desactiva la estructura de controles, dificulta la transparencia y alienta la impunidad. Y así, aligerada de constricciones político-morales, la política se vuelve muy vulnerable a la tentación de ese dinero fácil que la financiación irregular le brinda. Considerándolo imprescindible para sobrevivir en su actual estado, ningún partido se ha podido resistir a ese intercambio oculto que viola normas jurídicas y éticas. Además, una endeble cultura democrática ha alimentado en ellos el espejismo de que tan singular transgresión tiene altos rendimientos y costes limitados. En resumen, las actuales condiciones del "mercado político" vuelven los costes de la política incontrolables y convierten la financiación irregular en un componente cuasi-sistémico del mismo. De ahí que las soluciones al uso sean inocuas o reproduzcan mañana los efectos perversos de hoy. Sólo en el marco de una reforma de la actividad política y, en particular, de los partidos, que democratice el control de sus recursos y transforme la naturaleza de sus incentivos, cabe superar la relación tramposa de la política con el dinero.

Ramón Vargas-Machuca Ortega es profesor de Filosofía Política.