Las eléctricas coordinan con Industria un nuevo recurso para cobrar el billón de ayudas

Las eléctricas han elaborado un borrador para recurrir ante el Tribunal de Luxemburgo la decisión adoptada por la Comisión Europea de tramitar como ayudas de Estado los 1,3 billones pactados con el Ministerio de Industria en concepto de costes de transición a la competencia (CTC). Los argumentos del recurso de las empresas, que se añadiría al ya presentado por el Gobierno español ante el Tribunal Europeo en noviembre, están siendo discutidos con Industria, aunque sólo a nivel "de técnicos", según precisa la asociación patronal Unesa. Industria confirmó ayer que el departamento ha recibido el borrador de un posible recurso y una petición de reunión. "Se les oirá [a las empresas]" señaló un portavoz de Industria, quien aclaró que se trata de "un procedimiento habitual" ya que Industria es el "canalizador "de iniciativas ante Bruselas". El plazo para recurrir la decisión adoptada en julio pasado por Bruselas de tramitar como ayudas de Estado los CTC de las eléctricas españolas finaliza el día 21 de septiembre. La decisión de Bruselas supuso un duro revés tanto para el Ministerio de Industria, que pactó las ayudas billonarias con las empresas en septiembre de 1998, como para las compañías, que temen un fuerte recorte en la cuantía de los CTC.

Fuentes del sector conocedoras del proceso aseguran que los argumentos del recurso de las empresas obran ya en poder de la Secretaría de Estado de la Energía que dirige José Manuel Serra Peris, número dos del ministro Josep Piqué. Según las mismas fuentes, los argumentos que utilizan las compañías en el borrador de recurso para preservar su posición jurídica, en el caso de que hubiera una decisión de Bruselas contraria a sus intereses, recogen el hecho de que con el marco legal vigente hasta la aprobación de la Ley Eléctrica existían unos "ingresos garantizados" que ahora han desaparecido.

Además, señalan que la nueva legislación liberalizadora elimina el concepto de "servicio público" y se apoya en el principio de confianza legítimo, lo que supone que la regulación del sector era algo negociado y no emanado de los poderes públicosLos argumentos que esgrimen las eléctricas pueden entrar en contradicción con algunos de los que utilizó el Gobierno español en defensa de los CTC ante Bruselas. Así, frente a la existencia de "ingresos garantizados" que ahora desaparecen -argumento de las eléctri-cas-, Industria basó su argumentación en Bruselas en la necesidad de cubrir unos costes de las eléctricas que éstas no podrían recuperar en un mercado abierto.

De la misma forma, mientras las compañías aseguran que con la nueva ley se elimina el concepto de "servicio público", el Gobierno español argumentó en Bruselas que incluso en el caso de que los CTC fueran ayudas de Estado, entrarían de lleno en las excepsiones previstas en el artículo 86 del Tratado de la Unión, que permite precisamente la existencia de ayudas para mantener servicios públicos.

La asociación que representa los intereses de las compañías, Unesa, aseguró ayer que la decisión de recurrir -sumándose a la decisión que adoptó el Gobierno en noviembre pasado- "no está tomada". "Existen", aseguró un portavoz de la asociación, "diversos documentos técnicos que pueden servir de base a un hipotético recurso". El mismo portavoz reconoció que los estudios "se han comunicado al Ministerio de Industriaa nivel de técnicos".

La "medida" versión de Unesa acerca de los contactos entre Industria y las compañías tiene sentido, ya que, según los expertos consultados, si se probara que la Administración española colabora de alguna forma con la elaboración de un recurso por las empresas, el hecho podría constituir una violación de las normas comunitarias por parte del Gobierno, que habría facilitado conductas contrarias a la competencia.

Por otra parte, la asociación de las eléctricas cuestionó ayer las conclusiones de la OCDE sobre la carestía de la electricidad en España por la metodología empleada en el estudio.