Barak recurre la multa impuesta por financiación ilegal a su partido para defender su inocencia
El primer ministro israelí, Ehud Barak, ha ordenado recurrir ante el Tribunal Supremo la multa de 200 millones de pesetas impuesta por la Auditoría del Estado contra la coalición Un Israel -en el Gobierno y liderada por los laboristas- por la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral del pasado mayo. El recurso del partido gubernamental trata, asimismo, de anular la orden del auditor para que sean devueltas a las arcas del Estado cerca de 320 millones de pesetas, que al parecer fueron otorgados por la Administración al partido como anticipo de la campaña electoral.
El recurso de los laboristas a la sanción administrativa fue anunciado ayer públicamente por un portavoz del Gobierno, quien reiteró al mismo tiempo la inocencia de Barak en el caso y añadió que "el proceso de paz no se verá afectado" por este asunto.
Por su parte, el partido derechista Likud reclamaba ayer la dimisión del actual secretario del Gobierno, Isaac Herzog, quien tuvo un puesto clave en la pasada campaña electoral y al que responsabilizan de la finaciación ilegal de la coalición en el poder.
Los dirigentes del Likud han anunciado, asimismo, que presentarán un recurso ante el Supremo para pedir la anulación del resultado de las elecciones, en las que salieron derrotados.Sin embargo, Barak, como si tratara de confirmar las afirmaciones de su portavoz asegurando que la tormenta política no afectará al proceso de paz, viajará mañana a Egipto, donde se entrevistará con el presidente Hosni Mubarak, en un intento de relanzar el diálogo con sirios y palestinos.
La cumbre Barak-Mubarak servirá de prólogo a las negociaciones programadas entre israelíes y palestinos, que se efectuarán de manera continuada e intensiva hasta que se llegue a un acuerdo marco sobre el Estatuto Final del Proceso de Paz y en cuyo contexto deberán decidirse los temas más difíciles y espinosos del contencioso bilateral, entre los que destaca el futuro de Jerusalén, el de los refugiados, el reparto del agua, los asentamientos, las fronteras y la naturaleza jurídica y definitiva del ente autónomo palestino.
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