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Ocho años bajo sospecha

Rosa Castañeda Mateos, de 36 años, la mujer que un día fuera conocida por enrolarse en la Policía Municipal tras alcanzar el título de Miss Santander, ha tardado ocho años en lograr que la justicia archivara una imputación contra ella en un supuesto "crimen pasional" entre policías masculinos. Tan larga imputación la ha llevado ahora a denunciar anormal funcionamiento judicial y reclamar al Estado una indemnización de más de 25 millones de pesetas. Según Castañeda, el origen de todos sus males fue un pretendido "triángulo amoroso, que no existía", asegura, y detrás del que se escondía su discriminación como mujer policía, que se encontraba "como una rosa en un florero de cardos".Hija de una asistenta doméstica y un policía nacional, "desde pequeñita" quiso ser policía. En 1986 fue proclamada Miss Santander y un año después dejó sus estudios de Derecho y se presentó a la oposición de policía municipal. Sacó uno de los primeros puestos.

Castañeda describe un ambiente de discriminación hacia las ocho mujeres policías -sobre más de 200 agentes- por parte de "funcionarios medio militares, muchos de ellos de más de 60 años, con reminiscencias franquistas, ante una niña joven, que entró en la policía con 23 años y quiso hacerlo todo bien, prestar servicios competentes". Ella cree que en el origen de sus problemas, "más que celos pasionales, fueron los celos profesionales, aunque también algunos deseos y expectativas frustradas..." Admite, sonriente, haber podido ser "el cuerpo del delito".

Lo cierto fue que en la madrugada del 9 de enero de 1990 se produjo un tiroteo entre policías, en el que resultó herido el cabo de la Policía Municipal de Santander, ex novio de Castañeda. "El agresor, que en aquel momento era novio mío", dice, "fue procesado y fue condenado a pena de cárcel". El 12 de enero, tres días después del tiroteo, Castañeda fue conducida desde su lugar de trabajo, como agente de circulación, a la Brigada de Información. "Me llevaron detenida, de uniforme, en un coche patrulla, para tomarme declaración, aunque no se me dijo de qué se me acusaba ni se me tomó declaración", recuerda. Permaneció tres días en los calabozos, en donde se negó a declarar. Ya ante el juez, manifestó su total ignorancia respecto a los hechos del sumario, aunque en el mismo aparecieran implicadas dos personas, uno agresor y otro agredido, con los que había tenido una relación sentimental.

Sin embargo, ese mismo día el juez la declaró imputada en un "presunto delito de homicidio frustrado" y ordenó su ingreso en la cárcel de Santander, a pesar de no apreciar "indicios racionales de criminalidad" contra ella. El 16 de enero, el juez decretó la libertad provisional de Castañeda. En el juicio, celebrado el 9 de abril de 1991, Castañeda fue llamada por el fiscal como testigo, pero, "ante las preguntas de cama", dice, "alegué el derecho a mi intimidad, que fue amparado por la sala, mientras que el fiscal jefe hizo una demostración de machismo cuando afirmó que yo despertaba pasiones en los hombres". Al no ser parte en el proceso, la sentencia no fue notificada a Castañeda, ni tampoco la dictada por el Supremo en 1994. Pero la mujer, que desde 1990 luchó contra su imputación en el caso, "porque era ajena a los hechos", redobló sus esfuerzos.

Pidió copia de las actuaciones, a lo que creía tener derecho legalmente. Pero sucesivamente se le denegaron, hasta que el 20 de mayo de 1998 se le entregó copia, que, aunque incompleta, le permitió pedir y obtener por fin de la Audiencia de Santander el sobreseimiento del caso respecto a ella, que a esas alturas fue "sobreseimiento provisional", notificado el 8 de septiembre de 1998, dos meses antes de que tuviera que abandonar su trabajo policial por un expediente administrativo.

Asesorada por el letrado Tomás Rosón, Castañeda ha presentado una demanda ante el Ministerio de Justicia, al que reclama una indemnización de 25.450.000 pesetas, más intereses, en concepto de daños y perjuicios ocasionados por el funcionamiento anormal de la Administración de justicia.

El abogado argumenta que Castañeda estuvo encartada en un procedimiento penal por homicidio frustrado "nada menos que ocho años y ocho meses, a pesar de que nadie la ha acusado de nada concreto" ni se trató de "averiguar su participación en los hechos". Añade que la ficha policial con sus antecedentes como implicada en homicidio no fue destruida hasta el 5 de marzo de 1999.

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