El Poder Judicial decreta la expulsión de la carrera de la ex juez decana de Marbella
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer expulsar de la carrera judicial por falta muy grave a la ex juez decana de Marbella, Pilar Ramírez Balboteo, por no haberse abstenido en causas en las que podía tener un interés al menos indirecto. El acuerdo fue adoptado por 12 votos frente a nueve, estos últimos los del presidente del CGPJ, Javier Delgado, los siete vocales afines al PP y el de Coalición Canaria. A Ramírez, que dejó su puesto en Marbella en julio pasado, le fue impuesta, por unanimidad, otra sanción de un año de suspensión por otra falta muy grave.
El CGPJ acordó la expulsión de la carrera judicial y la pérdida definitiva de la condición de juez de Pilar Ramírez por una falta muy grave por haber intervenido en diligencias en las que favoreció al Ayuntamiento de Marbella, con el que familiares de la magistrada habían tenido relaciones representando a personas o entidades que suscribieron importantes convenios urbanísticos.En una primera votación, 15 vocales -el presidente Javier Delgado, los vocales próximos al PP Enrique Arnaldo y Margarita Retuerto y todos los consejeros afines al PSOE (7), IU (2), CiU(2) y PNV (1)- votaron a favor de que los hechos constituían una infracción disciplinaria, mientras que otros seis votaron en contra de que los hechos pudieran ser objeto de sanción. Éstos últimos fueron los consejeros Marcelino Murillo, Manuel Damián Álvarez, Rubén Antonio Jiménez Hernández, Francisco Monterde y Benigno Varela, todos del sector próximo al PP, y el vocal Rafael Fernández Valverde, afín a Coalición Canaria.
En una segunda votación, 12 vocales se mostraron a favor de que la sanción a imponer debía ser la expulsión de la carrera judicial y nueve se mostraron en contra. El presidente Javier Delgado y los vocales Retuerto y Arnaldo anunciaron que formularán una explicación de voto. La semana pasada Arnaldo, integrante de la comisión disciplinaria, votó en el seno de la misma a favor de imponer a la juez Ramírez una sanción de suspensión de funciones por tres años en vez de la expulsión definitiva, por lo que parece que las explicaciones de voto irán en ese sentido.
El portavoz del CGPJ, Benigno Varela, explicó que él y los otros cinco vocales que no apreciaron infracción "no habían querido sancionar unas suposiciones o presunciones más o menos fundadas" y habían considerado que "cualquier forma de reproche de carácter moral o ético no alcanzaba a reunir en los hechos el tipo disciplinario que se le imputaba" a la juez.
Recurso
La expulsión de la carrera judicial le fue comunicada telefónicamente a la juez decana. Contra la sanción cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que la juez interpondrá de inmediato, según fuentes de su familia.
La falta muy grave del artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha determinado la expulsión de la carrera judicial de Ramírez se refiere a la inobservancia del deber de abstención de la juez en asuntos en los que debía haberlo hecho.
Del expediente disciplinario se desprende que el padre de la juez, Juan Ramírez, oficial jubilado de la Administración de Justicia y el hermano de la magistrada, el abogado Juan Carlos Ramírez Balboteo, mantuvieron variadas relaciones económicas societarias con personas que, de una u otra forma, otorgaron convenios urbanísticos con el ayuntamiento de Marbella.
Juan Ramírez y el hermano de la magistrada realizaron en Marbella operaciones financieras por más de 100 millones de pesetas. El hermano sigue siendo administrador único de las sociedades Giamar, Jucamar 18, Marchagal y es socio o ha actuado como representante en otras muchas sociedades financieras e inmobiliarias. Entre las personas con las que se relacionaban los Ramírez están los italianos Gianni Menino y Felice Cultrera, supuestamente vinculados a intereses mafiosos.
El expediente refleja también el "ambiente de crispación social y de rumor constatable en los medios de comunicación sobre la existencia de relaciones comerciales entre el padre y el hermano de la juez con el alcalde de Marbella, Jesús Gil".
El 'caso Puerto Banús'
En ese contexto, en agosto de 1997 la juez Ramírez decretó de oficio la administración judicial de la empresa Puerto José Banús y nombró como administrador a Antonio Calleja, persona designada por el Ayuntamiento. La medida fue recurrida por el fiscal y la Abogacía del Estado por considerarla desproporcionada. El abogado del Estado se quejó también de que se designase interventor a Antonio Sampietro -que fue concejal de Marbella por el grupo del alcalde, Jesús Gil, y hoy es el alcalde presidente de Ceuta- para la defensa de los intereses de los perjudicados, cuando la Abogacía del Estado ejercía a su vez la acusación contra Sampietro en una causa por prevaricación y daños. La Audiencia de Málaga revocó la medida y la sustituyó por una intervención judicial. Según el CGPJ, la juez incurrió en "una patente falta de imparcialidad que sólo puede entenderse si hay intereses indirectos en la causa".
La juez también fue sancionada ayer con un año de suspensión por otra falta muy grave al haber incumplido su deber de poner en conocimiento del CGPJ las importantes vinculaciones económicas de su padre y su hermano en Marbella y no haber solicitado su traslado forzoso, a lo que estaba obligada al tener Marbella menos de 100.000 habitantes.
Esta sanción sólo tendría efectos en el caso de que el Tribunal Supremo revocase la sanción de expulsión.
