Monteseirín cierra la crisis al eludir la responsabilidad por el Bazar España

Hoy ya no habrá crisis de gobierno en Sevilla. PSOE y PA enterraron anoche su desencuentro político del último mes con un comunicado parco, que calcaba el espíritu del informe jurídico presentado horas antes. Gracias al dictamen, ambos socios pueden salir airosos, aunque las conclusiones jurídicas inclinan la balanza hacia las reivindicaciones del PA, que logra la paralización de las actuaciones administrativas para determinar la responsabilidad patrimonial de la Gerencia de Urbanismo y, en consecuencia, de las indemnizaciones. El Ayuntamiento de Sevilla otorgará ayudas a las familias de las víctimas del caso Bazar España, enmarcadas en su labor asistencial. El alcalde dictará hoy un nuevo decreto.

Las conclusiones del informe jurídico, solicitado hace casi un mes y ultimado ayer, han sido esenciales para desbloquear la crisis del gobierno local y facilitar salidas airosas para los dos socios. El grupo andalucista logra, en virtud del acuerdo que alcanzó anoche con el PSOE, la paralización de las actuaciones administrativas dirigidas a determinar la responsabilidad patrimonial de la administración. El alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, a su vez, se cubre las espaldas al apoyar esta suspensión en la recomendación incluida en el informe jurídico.El dictamen desaconseja, aún gozando de soporte legal para ello, la continuidad de estas actuaciones que impliquen la asunción de responsabilidad patrimonial de la Gerencia de Urbanismo -el único organismo que podría asumirlas, al tener personalidad jurídica propia- y apunta hacia otras acciones distintas para resarcir a las familias de las víctimas, incluidas en "la labor asistencial del Ayuntamiento", aunque también fundamentadas "en valores de solidaridad social".

A estos términos se agarra el segundo punto del acuerdo político de los coligados, urdido ayer por los portavoces municipales socialista y andalucista, Emilio Carrillo y Rafael Carmona, respectivamente. Los afectados recibirán ayudas económicas -no indemnizaciones, que requieren existencia de responsabilidad- por lo ocurrido el 31 de diciembre de 1998, que era uno de los objetivos de Monteseirín. Pero, sea cual sea el calificativo que le endosen, se tratará de ayudas enclavadas en "la labor asistencial" del Ayuntamiento, algo a lo que el PSOE se oponía rotundamente.

El alcalde promulgará hoy un nuevo decreto, que recogerá la esencia del acuerdo político. El desarrollo del expediente para ayudar a las familias se acordará en el seno de la comisión de gobierno. De la tercera reivindicación del PA -la retirada de la querella del PSOE en el proceso judicial-, introducida en los últimos días, nadie dijo ayer nada o, a lo sumo, remitió a las estructuras orgánicas de los partidos. La decisión de querellarse en el caso Bazar España fue adoptada por la comisión ejecutiva regional del PSOE, el mismo órgano que tendría potestad para acordar si dan marcha atrás.

El informe jurídico, encargado en el decreto del alcalde del 28 de diciembre, descarta por completo que el Ayuntamiento pueda asumir responsabilidades penales -sólo se deciden en los tribunales- o civiles, dado que la Gerencia no era propietaria del lienzo de muro derribado. Sobre la responsabilidad administrativa patrimonial -la única legalmente válida en este marco-, el dictamen recomienda con claridad que no se ponga en marcha un expediente al considerar que la existencia de un proceso penal (Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla) desaconseja "toda indagación paralela llevada a cabo en la administración pública". El principal argumento utilizado en el informe para defender que se paralicen las actuaciones administrativas remite a un aspecto que también está condicionando la fase judicial: determinar si la tragedia es únicamente imputable al viento. Si los tribunales establecen que la caída obedeció a una ráfaga dejaría sin sentido un expediente de responsabilidad patrimonial, que excluye las causas de fuerza mayor de los requisitos que justifican la responsabilidad de las administraciones públicas.

El informe jurídico, pese a mostrar sus reparos a la utilización de esta vía, detalla los pasos a seguir en caso de que finalmente el gobierno municipal optase por proseguir las actuaciones para asumir su responsabilidad patrimonial. En este caso, sería necesario abrir un expediente administrativo ad hoc, el nombramiento de instructor, la notificación a los particulares afectados para que presenten alegaciones y, como conveniente, un dictamen del Consejo Consultivo Andaluz.

Con el acuerdo firmado entre los dos socios de gobierno, el PA renuncia a presentar la moción sobre el caso Bazar España en el pleno de hoy, al quedar ya sin sentido, aunque el PP, que anunció con anterioridad una resolución en esa línea, esperará antes de decidir si retira la suya a si hay alguna resolución oficial sobre el tema. En este pleno tomará posesión como concejal Pablo de los Santos, que entra tras la dimisión de Mariano Pérez de Ayala.