Monteseirín cierra la crisis al eludir la responsabilidad por el Bazar España

Las familias de las víctimas del caso Bazar España recibirán ayudas económicas por la tragedia ocurrida hace un año. Pero no serán indemnizaciones porque el Ayuntamiento de Sevilla, siguiendo los consejos jurídicos, paralizará las actuaciones dirigidas a abrir un expediente de responsabilidad patrimonial. Ambas decisiones figurarán en un nuevo decreto que el alcalde firmará, probablemente, antes del pleno de hoy. El acuerdo entre PSOE y PA, cerrado ayer de noche, refleja sobre todo las demandas andalucistas para zanjar la crisis, pero proporciona una salida airosa para el alcalde, al seguir a pies juntillas lo aconsejado en el informe jurídico.

Las conclusiones del informe jurídico, solicitado hace casi un mes, han desbloqueado la crisis del gobierno local y facilitan salidas airosas para los dos socios. El dictamen desaconseja, aun gozando de soporte legal para ello, la continuidad de las actuaciones administrativas que impliquen la asunción de responsabilidad patrimonial de la Gerencia de Urbanismo -el único organismo que podría asumirlas, al tener personalidad jurídica propia- y apunta hacia otras acciones distintas para resarcir a las familias de las víctimas, incluidas en "la labor asistencial del Ayuntamiento".Con el dictamen sobre la mesa, los portavoces socialista y andalucista, Emilio Carrillo y Rafael Carmona, urdieron ayer una salida política a una situación de desencuentro, que se prolongaba desde hace casi un mes. Aunque el desarrollo se acordará en el seno de la comisión de gobierno, el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín aprobará hoy, probablemente antes del pleno, un nuevo decreto, que resume el espíritu de lo consensuado entre los coligados.

Monteseirín renuncia al inicio del expediente de responsabilidad administrativa, como recomienda el informe jurídico, y, por ende, a indemnizar a las familias de las víctimas. El decreto recogerá, además, que se inicie "expediente" para facilitar ayudas económicas "elaboradas y fundadas en el principio de la solidaridad social". Sea cual sea el calificativo, se enmarcan dentro de la labor asistencial del Ayuntamiento de Sevilla, lo que significa un triunfo de las tesis andalucistas, que sólo estaban dispuestos a conceder ayudas enmarcadas en el ámbito "asistencial". El propio informe apunta hacia esta salida como la más recomendable para cumplir el objetivo de resarcir a los afectados, sin entrar en la asunción de la responsabilidad administrativa.

El informe jurídico, encargado en el decreto del alcalde del 28 de diciembre y presentado ayer, establece con claridad que no se ponga en marcha un expediente al considerar que la existencia de un proceso penal (Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla) desaconseja "toda indagación paralela llevada a cabo en la administración pública".

El principal argumento utilizado en el informe para defender que se paralicen las actuaciones administrativas remite a un aspecto que también está condicionando la fase judicial: determinar si la tragedia es únicamente imputable al viento. Si los tribunales establecen que la caída obedeció a una ráfaga dejaría sin sentido un expediente de responsabilidad patrimonial, que excluye las causas de fuerza mayor de los requisitos que justifican la responsabilidad de las administraciones públicas.