La crisis por 'el caso Bazar España' se mantiene en Sevilla tras las propuestas de la secretaría municipal

La negociación entre PSOE y PA para zanjar la crisis de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, provocada por el decreto del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, para indemnizar a las familias de las víctimas del derrumbe del muro del Bazar España, ha caído en saco roto. No hubo acuerdo sobre las posibilidades que el informe de la secretaría municipal aporta para compensar a las familias sin asumir responsabilidades. La falta de consenso se produce antes del pleno del jueves, en el que los andalucistas se unirán al PP para pedir la retirada del decreto si antes no hay acuerdo con los socialistas.

Durante el día de ayer el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Emilio Carrillo, y el portavoz andalucista Rafael Carmona, intentaron acercar posiciones sin éxito para encontrar una solución consensuada que permita "compensar" a las familias de las víctimas del derrumbe del muro del Bazar España, sin que el Ayuntamiento asuma responsabilidad alguna, y que, de esta forma, se acabe la crisis de gobierno municipal.Ambos políticos discutieron sobre las diferentes opciones que el informe jurídico de la secretaría general del Ayuntamiento sevillano ofrece para aclarar si se le imputa algún tipo de responsabilidad a la institución y las distintas vías para ayudar a las familias de las víctimas. Este dictamen fue solicitado por el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, en el mismo decreto por el que se abrió el expediente para indemnizar a las familias, que supuso la dimisión del primer teniente del alcalde, el andalucista Mariano Pérez de Ayala.

En el informe, los técnicos del Ayuntamiento hacen una diferencia entre funcionamiento normal y anormal de los servicios municipales para determinar la responsabilidad administrativa, según fuentes municipales. La aceptación de una actuación anormal obligaría a la apertura de un expediente para delimitar qué ha funcionado mal en la actuación de los funcionarios.

Pero el informe de la secretaría aconseja que, antes de abrir este expediente, habría que esperar al proceso judicial que se está llevando a cabo, ya que si el juez dictamina que la caída del muro se ha debido a causa mayor, es decir, por culpa del viento, el expediente carecería de sentido.

En cuanto al pago de las ayudas a las familias, los técnicos del Ayuntamiento informan de que, sin la apertura del expediente para determinar las posibles deficiencias del funcionamiento de los servicios municipales, la vía para socorrer económicamente a las familias es la reparación tuitiva: el pago de ayudas asistenciales. Fuentes municipales apuntaron la posibilidad de que exista una fórmula de reparación de derecho, no asistencial, sin que el Ayuntamiento tenga que asumir responsabilidades, aunque no especificaron qué tipo de actuación legal sería.

Los socialistas intentarán llegar, con este abanico de posibilidades, a un acuerdo con sus socios municipales antes del próximo pleno de mañana. El PP anunció su intención de presentar una moción para "dejar sin efecto" el decreto del alcalde y asistir económicamente a las familias sin asumir responsabilidades, propuesta muy cercana a los argumentos de los andalucistas. Los representantes del PA, además, exigen a sus socios del PSOE que retiren la querella presentada en el procedimiento judicial.

El portavoz de IU, Luis Pizarro, comentó que sería un grave error si "los técnicos municipales han tenido que trabajar en una campo limitado" en la elaboración del informe para contentar a PSOE y PA. "El Ayuntamiento tiene la obligación de abrir una investigación para determinar si ha habido un mal funcionamiento de los servicios municipales, y no sólo para depurar responsabilidades, sino para corregir ese mal funcionamiento", dijo. El portavoz de IU puntualizó: "La admisión de responsabilidad patrimonial no significa que se persiga a nadie, sino que pretende aclarar por qué se mantuvo un muro en esas condiciones, declarado en ruina desde 1984".

Para complicar aún más las cosas, la cercanía de las elecciones -el próximo 12 de marzo- está haciendo mella en las conversaciones entre andalucistas y socialistas, según fuentes municipales. La invitación del PSOE a IU para ir en las elecciones coligados a la francesa no ha gustado nada al PA, que teme la pérdida de su cuota de poder en el Gobierno autonómico.