Letrados de Intelhorce dicen que no hay causa porque un juez archivó el caso en 1991

Diecisiete de los 21 abogados defensores del caso Intelhorce pidieron ayer al tribunal la no continuación del juicio alegando la figura jurídica de la cosa juzgada. En 1991, cuando CC OO presentó la primera denuncia por presuntas irregularidades en la textil, un juez de Málaga la archivó por considerar que la vía penal no era la adecuada para juzgar el caso. Las defensas arguyen que esta resolución implica el sobreseimiento libre de la causa, y que no hay que volver a juzgar unos hechos que ya han sido sentenciados. El fiscal y las acusaciones particulares niegan que el caso haya sido sobreseído.

El juicio de Intelhorce, que dilucida la presunta venta fraudulenta y posterior descapitalización de la textil malagueña, se reanudó ayer después de que la sala dictase el viernes un auto de 60 páginas en el que se desestimaban las peticiones de los abogados defensores de que la vista se trasladase a Madrid. El presidente de la sala y ponente, Federico Morales, fue el único de los tres magistrados de la Sección Tercera que votó el viernes a favor del traslado, manteniendo la postura que defendió en el primer juicio. Ayer, al iniciarse la sesión, los 12 abogados defensores que habían solicitado el traslado hicieron constar su protesta y manifestaron su intención de recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo. Morales pretende agilizar el debate de las cuestiones previas, que en el primer juicio -anulado al jubilarse el presidente de la sala y cambiar la composición del tribunal- se extendieron casi ocho meses. Ayer se planteó otra cuestión espinosa: si se da o no la figura jurídica de la cosa juzgada. De reconocerla el tribunal, el juicio no debería continuar, y por eso este debate, y el de la posible prescripción de los delitos, se han priorizado sobre otras cuestiones.

La mayoría de los abogados defensores sostienen que no hay causa porque en 1991, cuando CC OO presentó la primera denuncia por estafa, falsedad y prevaricación contra los propietarios de la textil y algunos de los funcionarios que intervinieron en la privatización, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga archivó la denuncia al considerar que la causa debía ventilarse por la vía Civil o la Contencioso-Administrativa.

Los defensores mantienen que, como nadie recurrió en el plazo legal, la resolución tomó carácter de sobreseimiento libre. En 1994 se produjo una nueva denuncia, y en este caso fue el titular de otro juzgado, el número 11, el que se hizo cargo de ella, emprendiendo una instrucción que duró años y que ha desembocado en este juicio. Pero los defensores consideran que aquí hubo una nueva irregularidad porque el titular de este juzgado debería haber hecho llegar el caso al primer instructor.

El fiscal y los abogados de las acusaciones particulares sostuvieron, por el contrario, que no se puede considerar el caso como cosa juzgada, ya que en la segunda denuncia se aportó documentación complementaria que no aparecía en la primera y que, según los acusadores, sí arrojaba información nueva sobre los presuntos delitos. Tampoco consideran que se vulnerasen las normas del reparto porque en 1994, dicen, aún no había una normativa que obligase a acumular en un mismo juzgado las denuncias por una misma causa.