El PP se alinea con las demandas andalucistas para zanjar la crisis en el próximo pleno de Sevilla

El PP, que hasta ayer había mantenido una crítica equidistancia con socialistas y andalucistas por la crisis del gobierno local de Sevilla, se ha inclinado por arropar las peticiones del PA, su coligado cuando ocurrió la tragedia del Bazar España. La ex alcaldesa Soledad Becerril anunció ayer que su grupo presentará una resolución en el pleno del jueves para pedir que se deje sin efecto el decreto del alcalde y se preste asistencia a las familias de las víctimas que lo necesiten. En síntesis, las dos exigencias planteadas por el PA, que no descarta apoyar la iniciativa popular en el pleno.

La iniciativa del grupo municipal del PP sorprendió bastante al resto de las formaciones, aunque no todas reaccionaron igual ante ella. El portavoz de IU, Luis Pizarro, la rechazó a la pata la llana: "Es una estupidez". "El PP le está haciendo el trabajo sucio al PA", agregó. Distinta fue la opinión andalucista. Su portavoz adjunto, Rafael Carmona, aprovechó la propuesta del PP para lanzar un ultimátum al alcalde. Si antes del jueves -día del pleno- no se resuelve la crisis, el grupo andalucista evidenciará su distanciamiento del PSOE en la sesión. Bien apoyando la resolución del PP en caso de que se "ajuste perfectamente" a sus demandas, bien presentado una propia, bien pactando una a la medida de ambos grupos.Carmona dijo que no conocía "en profundidad" la propuesta del PP, anunciada poco antes por Soledad Becerril. El contenido de la resolución que llevarán al pleno del jueves coincide fielmente con las peticiones andalucistas para dar carpetazo a la crisis municipal: la retirada del decreto del alcalde y el apoyo a las familias que lo necesiten desde un punto de vista meramente asistencial.

Becerril justificó la iniciativa como "una obligación moral" de su formación para poner coto a una crisis que dura casi un mes. Textualmente, la resolución del PP no habla de retirar el decreto, sólo de "dejarlo sin efecto". Sobre las ayudas a las familias de las víctimas del derrumbe del muro del antiguo Bazar España, el grupo popular es partidario de prestar "la asistencia necesaria" sin que ello signifique el reconocimiento de responsabilidad alguna por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

La postura del PP significa un alineamiento claro con la posición andalucista, sus antiguos socios de gobierno, cuando ocurrieron los hechos del 'caso Bazar España'. Ambas formaciones rechazaron entonces la creación de una comisión de investigación para dilucidar si existían responsabilidades administrativas del Ayuntamiento en la caída del muro, que mató a cinco personas el 31 de diciembre de 1988. Sus planteamientos actuales coinciden con los expresados en aquel momento, como se han encargado de subrayar en los últimos días ambas formaciones.

Ayer mismo lo hizo Soledad Becerril al recordar su intervención en el pleno celebrado después del derrumbe, y la semana pasado lo hizo el delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, al elogiar la actitud que mantuvo el gobierno anterior (PP-PA) en el tema. Desde las filas socialistas se optó ayer por no comentar la resolución que presentará el PP y que podría culminar en una situación inusual en este mandato, si finalmente PA y PP se unen en el pleno para pedir la retirada del decreto del alcalde. Ambas formaciones sumarían votos suficientes para hacerlo, al tener seis y 13 concejales, respectivamente.

El escenario dibujado ayer podría, sin embargo, experimentar un nuevo vuelco con las conclusiones del informe jurídico de la secretaría general del Ayuntamiento, que estará listo en breve. Este dictamen determinará si la institución tiene responsabilidades de algún tipo en el derrumbe del muro del antiguo Bazar España y, en caso afirmativo, planteará las vías administrativas que podrían emplearse para compensar a las víctimas.

El decreto firmado por Monteseirín, que provocó la dimisión del primer teniente de alcalde, el andalucista Mariano Pérez de Ayala, por su desacuerdo a finales de diciembre, solicitaba la elaboración de un informe jurídico para determinar la existencia de responsabilidades. El primer expediente de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio por una administración se produjo a raíz de la rotura de un depósito de agua en Melilla, ocurrido el 17 de noviembre de 1997, y fue a instancias del Ministerio de Medio Ambiente para indemnizar los daños producidos "en los bienes y derechos de los particulares a resultas de la rotura".

Este expediente recibió el beneplácito del Consejo de Estado, al considerar que existía una relación de "causalidad entre la obra pública y el daño producido"y que sólo aludía a una responsabilidad "objetiva".