Historia de un olvido: las instituciones han abierto albergues de inmigrantes sólo tras verse forzadas por hechos trágicos

La historia de los albergues para inmigrantes y refugiados abiertos en Madrid en esta última década es la de un olvido, sólo espoleado por sucesos trágicos.El último ejemplo es el de la proyectada área de acampada para familias nómadas de Europa del Este y los cuatro campamentos habitados desde este verano por inmigrantes rumanos. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sólo han puesto en marcha esta iniciativa, que veían necesaria desde hace tiempo, tras las duras críticas que produjo la expulsión policial, el 8 de julio de 1999, de cien familias gitanas rumanas del barrio de Malmea (Fuencarral), donde malvivían en tiendas de campaña y furgonetas. Se les echó sin ofrecerles ningún alojamiento alternativo.

La expulsión vino acompañada de un hecho trágico que aceleró la respuesta institucional: un niño de cinco años de una de las familias desalojadas murió atropellado esa noche en un área de descanso de la carretera de Burgos.

Pero el primer signo de esa falta de previsión para crear nuevos centros de acogida se remonta a 1990, cuando comenzó a crecer considerablemente el número de inmigrantes y peticionarios de asilo llegados a Madrid. En el verano de ese año, los subterráneos y jardines de la plaza de España, el palacio Real y el templo de Debod se convirtieron en el obligado refugio de decenas de africanos que llegaban a la región como solicitantes de asilo político. Las 200 peticiones de asilo mensuales que se registraban en enero se habían convertido en 700 nueve meses después.

La falta de un centro de acogida para estos trabajadores extranjeros se puso de manifiesto en que ni el Ayuntamiento, entonces del PP-CDS, y la Comunidad, del PSOE, sabían dónde cobijarles. Se ofrecieron varias posibilidades: una residencia de la Guardia Civil en Miraflores de la Sierra, un antiguo barracón del Canal de Isabel II en Manjirón, una nave de Renfe en Pacífico... Pero pasaron cinco meses, ninguna de estas alternativas prosperó y las administraciones seguían discutiendo sin encontrar una respuesta.

Llegó el frío y sólo una parte de los africanos pudieron guarecerse en un sótano cedido por un particular en la calle del Duque de Osuna (Moncloa). Los acontecimientos se precipitaron con la muerte de Festus Uwumagbe, un nigeriano de 32 años, en dicho sótano por una parada cardiorrespiratoria complicada con fiebres. Tras el fallecimiento, a comienzos de diciembre de 1990, Cruz Roja habilitó como albergue provisional un pabellón de su sede de la Casa de Campo. Poco después, el Ayuntamiento cedió a esta ONG una antigua escuela de formación profesional en el paseo del Rey (Moncloa) para abrir un albergue destinado a solicitantes de asilo, que se inauguró en enero de 1991.

Dicho albergue, como el de la Casa de Campo, permaneció abierto hasta comienzos de 1993. Pero su traslado a otro local más grande y adecuado coincidió con otro hecho trágico: el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez, una empleada de hogar tiroteada el 13 de noviembre de 1992 por un grupo racista en la abandonada discoteca Four Roses, de Aravaca, que okupaba con otros compatriotas de escasos recursos.

Tras la muerte de esta inmigrante, el Ayuntamiento (del PP) y la Comunidad (del PSOE) no sabían dónde alojar al resto de dominicanos que okupaban la sala de fiestas. Primero los trasladaron a un albergue de emigrantes españoles retornados desde la extinta Unión Soviética en el municipio de Alalpardo. Pero, a comienzos de enero de 1993, los alojó en un nuevo centro de acogida, el de El Parque, habilitado por el Ayuntamiento en el antiguo colegio Agustín de Foxá, en San Blas, y regentado por Cruz Roja con fondos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La apertura del albergue de El Parque, con 180 plazas, supuso el derribo de los del paseo del Rey y la Casa de Campo. Este refugio sigue aún en funcionamiento, pero en él se registra una carencia: no sirve para grupos familiares porque sólo está preparado para coger a adultos, no a niños. En toda la región no existe un solo albergue para familias, sean éstas españolas o extranjeras; de ahí que cuando estalló el problema de los rumanos las instituciones tardasen más de dos meses en buscarle una solución.

La única excepción son los centros de atención a refugiados que el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) regenta en Puente de Vallecas y Alcobendas, destinados a familias y particulares que tienen concedido el estatuto de asilados.

Respuesta

La respuesta que se dio al problema de los rumanos expulsados de Malmea fue construir cuatro campamentos con servicios comunes y tiendas de campaña, luego sustituidos por prefabricados, en Cañada Real (Vallecas Villa), San Roque (Fuencarral) y Ciudad Escolar (Fuencarral). El proyecto es convertir uno de estos campamentos, según sus habitantes vayan encontrando empleo y se trasladen a pisos de alquiler, en un área de acampada para nómadas.

El Ayuntamiento ha cedido los terrenos y la Comunidad ha construido los campamentos y paga también, por ahora, el programa de apoyo social a los inmigrantes rumanos, que se comprometió a costear el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.