Grandes y pequeños: todos necesarios

El autor considera que las grandes empresas cotizadas en Bolsa y las pyme son complementarias.

Existen algunos sectores de nuestra opinión pública que encuentran una cierta satisfacción en el ejercicio de una legítima crítica contra lo que viene en calificarse "las grandes compañías". A menudo, éstas son presentadas como protagonistas de comportamientos y actitudes de las que las pequeñas compañías resultarían víctimas o perjudicadas. Este planteamiento puede, en ciertos casos, tener justificación adecuada; no obstante, los hechos puntuales en que todo ello descansa, no permite ni recomienda su generalización.

Ciertamente, el entramado económico de un país y muy especialmente de España, tiene en las pequeñas empresas un elemento fundamen-tal de su crecimiento.

Sin este conjunto de pequeñas y muy pequeñas empresas no sería posible crear las condiciones para una sociedad cohesionada, capaz de protagonizar el desarrollo económico que España viene presentando en estos últimos años.

No obstante, al lado de este segmento importantísimo de nuestra sociedad, existe también la creciente necesidad de abrir vías eficaces para el ahorro popular, del que en muchas ocasiones, resulta también ser titular el pequeño empresario o el profesional dinámico y creador.

Sin estas vías de ahorro, estables, sólidas y solventes, nuestra sociedad perdería una base muy importante de su cohesión. Muy a menudo, este tipo de ahorro se configura como la retaguardia que permite la asunción de riesgos en otras actividades.

El agente económico de pequeña dimensión, "arriesga en su iniciativa" que compensa a través de mecanismos más seguros para su ahorro. Este ahorro encuentra, precisamente en las grandes compañías que cotizan en Bolsa, un elemento fundamental para su canalización.

Miles y miles de pequeños inversores, acuden a la Bolsa atraídos por la solvencia de los valores emitidos por las grandes compañías y depositan en éstas su confianza para asegurarse, bien sea una rentabilidad complementaria, bien una actualización permanente de su patrimonio.

Por ello, España está teniendo en este momento un incremento incesante de la contratación en Bolsa, bien sea a través de operaciones directas que realizan los pequeños inversores, bien a través de los fondos de inversión más profesionalizados, pero integrantes al fin y al cabo de amplios conjuntos de pequeños inversores.

En este planteamiento, la confrontación que muy a menudo pretende introducirse entre los intereses de las grandes compañías y los intereses de los pequeños empresarios, es más aparente que real e incluso, en algunos supuestos, puede derivar hacia posiciones que perjudiquen, en definitiva, a los pequeños accionistas que, como se ha visto, son a su vez titulares de pequeñas actividades económicas.

A título de ejemplo, en algunas pretendidas contradicciones entre el sector de los grandes contratistas de obras y de los subcontratistas u otros contratistas de menor dimensión, se pretende ignorar que detrás de estas grandes compañías constructoras existen, entre inversores directos e indirectos, más de dos millones de accionistas, que tienen comprometidos más de 800.000 millones de pesetas en la suerte económica de los resultados de aquellas compañías.

Es evidente que esto no altera ni debe alterar una justa correspondencia entre las prestaciones y contraprestaciones que en el mundo de la contratación deben darse entre agentes de mayor dimensión y otros de menor dimensión.

Pero no cabe en este planteamiento la demagogia de pretender confrontar intereses básicos del sistema económico que merecen para el legislador y para el conjunto de la sociedad un nivel de similar protección: el de los pequeños empresarios y el de los pequeños accionistas. Tanto más cuanto, como se ha dicho, muy frecuentemente unos y otros pueden ser los mismos.

Cuando más de dos millones de accionistas, repartidos bastante equilibradamente en el conjunto de la geografía de toda España, confían el futuro de sus ahorros en el buen comportamiento de los resultados de las compañías cotizadas en Bolsa, resulta difícil justificar decisiones que puedan perjudicar los resultados de aquellas grandes compañías, si el motivo es dotar a las pequeñas que con ellas compiten de un marco jurídico que debilite o atenúe los resultados de aquellas otras de mayor dimensión.

Ello no debe ser obstáculo para el papel de la pequeña empresa y de los estímulos que la deben favorecer. Pero ello debe ser perfectamente compatible con un marco estable que no altere, en función de coyunturas políticas momentáneas, el régimen básico a través del que las grandes compañías cotizadas en Bolsa, ofrecen a sus potenciales inversores un marco también estable, para la inversión de sus ahorros.

Unos y otros son igualmente respetables y por ello los estímulos que deban ofrecerse para la generación de la actividad económica, para la asunción del riesgo y para la afloración de nuevas iniciativas y actividades, no debe hacerse a cargo ni a costa de las condiciones básicas que los pequeños inversores han tenido en cuenta para canalizar su ahorro hacia los valores cotizados en Bolsa.

Téngase en cuenta, como se ha dejado apuntado más arriba, que la rentabilidad de estos ahorros es la que hará posible, muy a menudo, la asunción de nuevos riesgos por parte de pequeños empresarios. Su tranquilidad económica derivada de una buena evolución de sus ahorros, favorece la adopción de nuevos riesgos.

No es necesario, por tanto, incurrir en la fácil demagogia de amparar aparentemente lo pequeño en perjuicio de lo grande cuando, por esta vía y al final, el que puede resultar más visiblemente perjudicado es el pequeño accionista, muy alejado hoy día de una superada imagen del rentista tradicional y que encaja mucho mejor en la figura del elemento dinámico y activo de nuestra economía, preocupado por complementar sus rentas o garantizar su futuro.

Hay confrontaciones que son innecesarias, al menos en las actuales circunstancias.

Miquel Roca i Junyent es abogado.