Justicia y Exteriores se acusan de la huida de un traficante de inmigrantes

Ni el Ministerio de Justicia ni el de Asuntos Exteriores quieren cargar con la responsabilidad de la negligencia que ha permitido que el traficante de inmigrantes Lakbir Aitsalah, condenado a tres años de cárcel por la Audiencia de Girona, haya quedado en libertad en Italia debido a que el Gobierno español presentó la demanda de extradición fuera de plazo. Fuentes de ambos ministerios se acusan mutuamente del retraso que dejó libre al primer traficante de inmigrantes condenado en España.

Asimismo, Justicia y Asuntos Exteriores se escudan en la maraña burocrática del proceso e intentan minimizar su intervención en la extradición. Mientras Exteriores se atribuye el papel de "simple conducto de documentación" en el proceso de extradición, Justicia se califica como una "mera correa de transmisión". Según un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID), dependiente de Exteriores, la documentación de la extradición que debía facilitarles Justicia les llegó justo al límite de los 40 días hábiles y sin la pertinente traducción al italiano. De nada sirvió que la Interpol de Roma advirtiera al Ministerio de Justicia de que el plazo para reclamar al detenido estaba a punto de agotarse. "Es Justicia la que tiene que explicar lo que pasó entre el 3 de diciembre, día en que el Consejo de Ministros aprobó la extradición, y el 13, cuando llegó a nuestras manos y ya no había tiempo para reaccionar", aseguró el portavoz de Exteriores. La réplica de Justicia no aclara lo que pasó durante esos nueve días: "La documentación fue remitida a Exteriores el mismo día del Consejo de Ministros. A partir de este momento, Justicia no tiene ningún papel en la extradición", aseguró un portavoz del citado ministerio.La OID atribuye el retraso a la dificultad de Justicia para encontrar un traductor de italiano. Las mismas fuentes afirmaron que "no es la primera vez que una demanda de extradición llega tarde". Menos peregrina es la explicación de algunas fuentes jurídicas consultadas, según las cuales el proceso de extradición tuvo la mala fortuna de encarar la recta final del plazo en una semana marcada por las festividades de la Constitución y la Inmaculada, que motivaron la práctica paralización de la Administración. Las mismas fuentes apuntan que los papeles pudieron quedar en un cajón

La mayoría de los partidos de la oposición, el PSC, CiU, IC-V y ERC, han anunciado que exigirán responsabilidades políticas a los dos ministerios. También la Fundación Cáritas Inmigración ha alzado su voz contra la "incompetencia ministerial". Joaquim Bech de Careda, el defensor de la asociación de magrebíes que acusó al traficante, considera "inconcebible y desesperante" que los altos cargo del ministerio todavía no hayan dado explicaciones públicas sobre esta "imperdonable negligencia".

Lakbir Aitsalah fue detenido por la policía italiana en un control rutinario después de eludir a la justicia española por primera vez al ser absuelto y después condenado como organizador del viaje de un grupo de magrebíes, 11 de los cuales perecieron en un accidente de tráfico en marzo de 1997 en Capmany.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 21 de enero de 2000.

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