Estrecho de ida y vuelta

M. A., de 15 años y M. E. B., de 17 años, intentan saltarse el Estrecho de Gibraltar a la misma velocidad a la que su país, Marruecos, ensaya saltos hacia adelante. Ambos cotizan ya trienios en el ejercicio de la huida. El número de menores marroquíes que pasan desde el norte de Africa hacia España se ha multiplicado por cuatro durante 1999. La Junta de Andalucía, el Gobierno y la Fiscalía General del Estado admiten sus dificultades para repatriar a estos menores con las garantías que exigen las leyes. En las calles de Ceuta, como estos dos, medio centenar de chavales aguarda cualquier oportunidad para cruzar a Europa.Los 14 kilómetros de mar que separan Europa y África no son una barrera infranqueable para los inmigrantes menores de edad. Las leyes españolas e internacionales tampoco impiden que las administraciones repatríen a estos menores a sus países de origen en pocos días, a veces sin cumplir la norma. Si los jóvenes emigrantes llevaran maletas, exhibirían pegatinas de Liechtenstein, Alemania o Gran Bretaña, el frío norte en donde desembocan muchas de las travesías. Los menores se pasean a gran velocidad por todo el sistema legal europeo, que comienza a edificarse en Andalucía. La Consejería de Asuntos Sociales ha registrado 1.670 entradas de inmigrantes marroquíes en el sistema de protección de menores durante 1999, frente a los 400 casos de 1998, el año en que M. A. y M. E. B. se asomaron por primera vez al Estrecho y al laberinto burocrático.

M. E. B. dejó en Ksar el Kebir unos padres separados, cuatro hermanos y cinco hermanastros. "Pasar la frontera es fácil". Él la ha cruzado tres veces. Llegó a España bajo los ejes de un camión. Las circunstancias de M. A. se asemejan: hijo único, de padres separados, dejó su hogar en Agadir con 11 años, en 1995. Desde hace un año, duerme en los bloques de cemento que rodean el puerto de Ceuta, junto al mar. Los bronquios resuenan en su pecho como una tormenta.

A cada intentona, le ha seguido una detención. La Guardia Civil los apresó en cada ocasión en el puerto de Algeciras. Las dos primeras veces, M. A fue devuelto inmediatamente. A la tercera, junto a M.E.B. fue trasladado a El Cobre, un centro de atención a menores propiedad de la Junta de Andalucía en esta ciudad.

Es difícil establecer el tiempo que llevaban en suelo español cuando se presentan a las puertas de Tartessos, una ONG de ayuda a los inmigrantes, que los pone en manos de Asuntos Sociales de la Junta, que emite un decreto desamparo y asume la tutela de los menores automáticamente. En este caso, media además una petición expresa de los chavales. La Junta insta a la Subdelegación del Gobierno a que haga las gestiones oportunas para su identificación. Y aquí se inicia un vaivén incierto que concluye, indefectiblemente, con el menor en manos de la policía y la Justicia de Marruecos, donde la emigración sigue considerada un delito.

Nuevo salto

La policía se persona en El Cobre con la resolución de repatriación en la mano. M. A. y M. E. B. son devueltos al Consulado marroquí en Algeciras. Son embarcados y entregados a la policía en Tánger, que los conduce ante un juez. 48 horas después, tras permanecer en una estancia semicarcelaria son puestos en libertad. Días después, los jóvenes salvan de nuevo la frontera, regresan a las calles de Ceuta, y vuelta a empezar. La mitad de los 2.400 menores que tiene la Junta acogidos en centros especializados son marroquíes. Es imposible esclarecer de los 1.670 que han sido protegidos durante 1999 cuántos son, en realidad, los mismos menores que entran y salen.

Cuando la administración andaluza tutela a uno de estos jóvenes, está obligada por su propia Ley del Menor a instar a la Subdelegación del Gobierno a que inicie los trámites para estudiar si pueden ser repatriados y, a su vez, tiene que iniciar la identificación. Así consta en la Ley de Extranjería vigente, que aclara taxativamente que ese trámite sólo será posible si se hace efectivo el reagrupamiento familiar y si "se ha comprobado que no supone un riesgo para el menor". No es desde luego el caso ni de M. A. y ni de M. E. B., que salieron por la puerta de atrás del juzgado tangerino y se reincorporaron a las mismas ruedas del azar y de los camiones.

La directora general de Atención al Menor de la Junta, Leonor Rojo, advierte de que "la resolución de repatriación está por encima de la tutela provisional" y sostiene que la administración autonómica no puede hacer nada más por estos chavales. "Si se repatrían, entendemos que el gobierno ha comprobado todos los extremos", dice. Rojo tiene documentado medio centenar de casos de menores marroquíes que han salvado las fronteras más de una vez. Algunos de ellos, hasta en 20 ocasiones.

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz no atiende las órdenes sobre menores dictadas por la Comisión Interministerial de Extranjería celebrada en noviembre de 1998, que establece con claridad las condiciones para el proceso "una vez localizada la familia del menor o, en su defecto, los servicios de protección de menores de su país". Las familias, rara vez son localizadas y los servicios de protección de menores, tal y como se entienden en Europa, simplemente no existen en Marruecos.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna, asegura que su departamento actúa cuando el Consulado marroquí "dice que el trámite está hecho", lo que supone tanto como admitir que se ha contactado con las familias. "Se cumplen todos los trámites documentales, aunque en la práctica todo es a base de silencios administrativos", admite Osuna, quien reconoce: "Ves que, en la práctica, el sistema no funciona".

La tercera pata que interviene en el proceso es la Fiscalía. Según su Estatuto Orgánico, debe ser el garante de los derechos de los menores y el defensor de los mismos. El fiscal jefe de la Audiencia provincial de Cádiz, Isidoro Hidalgo, explica que su departamento se limita a dar el "visto"al expediente, antes de que el menor emprenda el camino de regreso.

En Ceuta, al margen del debate legal, siguen amontonándose niños en busca de un futuro. El perfil se repite: varones, de entre 10 y 18 años y procedentes de familias en el umbral de la pobreza. En Marruecos, los dos tercios de la población tiene menos de 20 años y el 73% de los desempleados no ha cumplido los 30.