El difícil equilibrio entre ataque y defensa

La llegada al Gobierno de José María Aznar, hace cuatro años, provocó que la estrategia del Partido Popular de Andalucía sufriese un cambio radical al que ésta formación ha tenido que adaptarse poco a poco, no sin pasar más de un aprieto. Antes, el juego que desplegaba el principal grupo de la oposición tenía clara vocación atacante y consiguió victorias importantes, como la conquista de las ocho alcaldías de capital en 1995, circunstancia que hizo que los dirigentes del PP albergasen la esperanza de que podían acabar con la hegemonía del PSOE en la comunidad, ilusión que se frustró un año más tarde. A partir de 1996, con el PP en el Gobierno de Madrid y con el PSOE en el autonómico, los populares andaluces tuvieron que cambiar su estilo y estar más atentos a la retaguardia. Ya no se trataba sólo de atacar por cualquier flanco la portería de Manuel Chaves, sino, también, de defender la de Aznar.En estos cuatro años, el PP se ha visto obligado a hacer ejercicios de equilibrio en este complicado e inédito escenario, todo ello aderezado con los espasmos internos que ha vivido por los relevos en el grupo parlamentario y en la dirección regional del partido. La legislatura comenzó marcada por la decepción que sufrió el PP andaluz tras el revés electoral del 3 de marzo de 1996. Nunca el PP había visto tan cerca gobernar Andalucía y nunca el chasco había sido mayor. No obstante, la labor del entonces candidato popular, Javier Arenas, que desde 1993 había conducido la renovación de esta formación en Andalucía, la recompensó Aznar designándolo ministro de Trabajo.

La marcha de Arenas obligó a los demás dirigentes del PP a hacerse mayores. Ya no estaba el referente indiscutido que tutelaba, sin que nadie le rechistase, la dirección del partido y de la oposición. Es en este momento cuando empiezan las dificultades del PP, tanto en el orden interno (el secretario regional, Juan Ojeda, y el portavoz parlamentario, Manuel Atencia, comienzan una soterrada pugna) como en el externo (la Junta y el PSOE inician el discurso de que Aznar margina a Andalucía).

Sin tiempo para poder masticar la nueva situación, el PP recibió la primera en la frente: la Junta de Andalucía se desmarcaba del sistema de financiación autonómica del quinquenio 1997-2001, un asunto de un calado político sobresaliente y que está en la base de las pésimas relaciones entre el Gobierno central y la administración autonómica. Los dirigentes del PP comenzaron a empaparse, a marchas forzadas, de las interioridades de la financiación autonómica. Y desde el primer momento se revela un rasgo que ha sido una constante en toda la legislatura en éste y otros temas: el Gobierno parece dejar desamparado al PP andaluz. Los principales dirigentes populares hacen una defensa a ultranza de las bondades del sistema sin apenas datos.

Tras aguantar un tiempo el chaparrón, el PP consigue arrancar al Gobierno una cifra que exhibir en Andalucía para defender el modelo. Así, en una sesión parlamentaria, afirma que la comunidad va a perder 476.000 millones de pesetas por excluirse del modelo de financiación. Ataque a Chaves, un poco de vidilla y nada más porque la Junta y el PSOE empiezan a explotar el hecho de que el Gobierno central no reconoce a efectos financieros a más de 380.000 andaluces. Toca defender, pero contrarrestar un mensaje tan directo y sencillo se hace imposible y los mandatarios del PP dan esta batalla por perdida.

Sólo tras dos intervenciones en el Congreso del ministro de Economía, Rodrigo Rato, en el último año y medio, en las que aseguraba que Andalucía perdía dinero por estar fuera del modelo, el PP ha resucitado la polémica de la financiación, aunque pronto ha tenido que enterrarla sepultada por la pesadísima losa del censo. Posteriormente, llegaron episodios embarazosos al tener que atacar medidas de la Junta de amplio eco social como el contramedicamentazo o la subida de las pensiones no contributivas.

En esta estrategia de defensa-ataque, el PP ha empleado a sus alcaldes, el principal patrimonio de este partido en la comunidad. Y han sido dos alcaldesas, Celia Villalobos, en Málaga, y Teófila Martínez, en Cádiz, quienes más se han mojado en la guerra contra la Junta y el PSOE. Villalobos ha dado sobradas muestras de beligerancia contra el Gobierno andaluz por la construcción del AVE Córdoba-Málaga, del que ha hecho una cuestión personal que vinculó, incluso, a su reelección como candidata a la alcaldía. Mientras, Teófila Martínez ha acentuado sus discrepancias con la Junta desde su designación como candidata a la Junta.

Ante esta sensación de orfandad, el PP programó oleadas de visitas de ministros con el fin de que echasen una mano, pero el efecto quedaba neutralizado casi al instante. Al ministro de turno que llegaba a Andalucía, antes de montarse en el AVE de vuelta a Madrid, el PSOE le recordaba las cuentas que tenía pendiente con la comunidad: que si el traspaso de las políticas activas de empleo, que si las cuencas hidrográficas, que si el patronato de la Alhambra, que si Doñana... y así, hasta que el mensaje que venían a trasladar los ministros quedaba eclipsado por las réplicas de los socialistas.

Cuatro años después, la oposición que hace la candidata del PP responde al pie de la letra a lo acontecido a lo largo de la legislatura. Teófila Martínez se esfuerza en defender cada decisión del Gobierno central, incluso la negativa del presidente del Gobierno a recibir a Manuel Chaves, y en atacar las de la Junta. Tras el 12 de marzo, el PP tendrá que ver si le conviene que la estrategia la diseñe un clementista o un cruyffista.