La publicidad oficial ofrece grandes promesas para el siglo XXI
Las dos campañas institucionales que han suscitado la denuncia del PSOE ante la Junta Electoral Central contienen, especialmente, la del Plan de Infraestructuras Ferroviarias, grandes promesas del Ejecutivo del PP para el siglo XXI. El Ministerio de Fomento se compromete, dentro de un plan que llega hasta el año 2007, a invertir "más de 4,7 billones para la red ferroviaria". "Reduciremos a la mitad el tiempo de recorrido entre grandes ciudades, acercaremos las poblaciones, más de 70 millones de personas viajaremos en tren en el 2007", son otras de las promesas que hace el Ejecutivo de Aznar para los próximos años.La campaña de AENA promociona la polémica ampliación del aeropuerto de Barajas y tiene como lema "Despegando hacia el siglo 21, más aviones y menos impacto ambiental". "La orientación de las nuevas pistas de Barajas y las futuras rutas de vuelo han sido perfectamente estudiadas y diseñadas para reducir al mínimo el impacto sonoro", se asegura en el anuncio.
La campaña, que ha costado 200 millones de pesetas, ha provocado las iras de los colectivos vecinales de los municipios del entorno del aeropuerto, que la tachan de "publicidad engañosa", ya que precisamente de lo que más se han quejado los vecinos del aeródromo, que piden que se construya uno nuevo en otro lugar, es de que el diseño de las nuevas pistas y la mayor afluencia de aviones provoca un mayor impacto sonoro en una zona ya saturada. Los alcaldes de San Fernando de Henares y de Coslada criticaron duramente la campaña.
Los anuncios institucionales del Gobierno del PP han sido siempre cuestionados tanto por su tono como por su coste. El pasado diciembre, el Ejecutivo gasto más de 2.000 millones de pesetas en tres campañas de 15 días cada una. En una de ellas, el Ministerio de Economía adulaba los beneficios que la entrada de España en el euro, hecho que el Gobierno acostumbra a atribuirse como mérito propio, había supuesto para la economía española. La segunda era de Industria y promocionaba la liberalización del sector eléctrico. Y la tercera, de Trabajo, aseguraba que con el euro, las pensiones "valen más".
