IU y el PSOE rechazan el "regalo" de 2.000 millones al Atlético de Madrid

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, el PSOE e IU, mantienen su rechazo al convenio firmado por Ignacio del Río, concejal de Urbanismo, y el Atlético de Madrid, que consideran un "regalo" municipal para que el club pueda levantar 300 viviendas junto al estadio. Los dos grupos se reunieron ayer con el administrador judicial del Atlético de Madrid, Luis Manuel Rubí. Éste argumentó que los 2.000 millones que ingresaría el club por la venta del suelo ayudarían a sanear la difícil situación financiera dejada por Jesús Gil.

Los portavoces de Izquierda Unida y el grupo PSOE-Progresistas, Justo Calcerrada y Matilde Fernández, respectivamente, pedirán en la comisión informativa de Urbanismo, que se reúne hoy, la retirada del convenio firmado por el gobierno municipal, del PP, con el anterior director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, para igualar al club rojiblanco en los beneficios urbanísticos que obtuvo en su día el Real Madrid con el centro comercial denominado La Esquina. El convenio da luz verde a la construcción de 302 viviendas en sendas parcelas situadas en las zonas norte y sur del estadio (donde no se podía edificar nada hasta que el PP cambió el Plan General de Madrid), así como un aparcamiento de 600 plazas. La oposición considera esta operación como un "regalo" de 2.000 millones para el presidente del club, Jesús Gil y Gil. Su ratificación estaba prevista en el último pleno municipal, pero quedó en suspenso al dictar ese mismo día el juez Manuel García-Castellón la intervención judicial del club. El responsable de Urbanismo en el gobierno municipal, Ignacio del Río, plantea de nuevo la ratificación del convenio tras recibir una carta del administrador judicial del Atlético, Luis Manuel Rubí Blanc. En la misiva, el actual gestor del club solicita el apoyo y colaboración tanto de Juan Antonio Gómez-Angulo, portavoz del PP, y de Ignacio del Río "para obtener la ratificación definitiva del convenio".

"Una vez estudiada la documentación referente al caso, no encuentro impedimentos por nuestra parte para dejar de formalizar una operación positiva para todos y en la que se respeta escrupulosamente el interés general", señala Rubí Blanc.

"En estos momentos de dificultad para este club tan querido por todos los madrileños estamos convencidos de que podemos contar con su colaboración y con la del resto de la corporación municipal para que la institución supere estos primeros momentos de inestabilidad", concluye la carta del administrador judicial, fechada el 29 de diciembre.

Rubí Blanc no consiguió, en cambio, el apoyo del PSOE-Progresistas y de IU al convenio. Y eso que visitó ayer por la mañana a los ediles portavoces de urbanismo de esos grupos. "Hace un planteamiento estrictamente económico: se necesita estabilizar el Atlético y el convenio supone una mejora en la situación financiera; pero, dejando claro que para nosotros hay una diferencia sustancial entre firmar con Jesús Gil o con un administrador judicial, vamos a pedir la retirada del convenio. Si el PP no lo retira votaremos en contra, como ya hizo en su día IU cuando se modificó la edificabilidad de esa zona", afirma Inés Sabanés, portavoz de IU.

En metro y autobús

"Valoramos la intervención judicial, pero nadie conoce actualmente en qué concluirá ese proceso. Puede ocurrir que los 2.000 millones de beneficios que el interventor espera obtener con el convenio terminen en manos de un nuevo dueño del club, otro privado. Por ello vamos a pedir que, si se quiere compensar al Atlético, se haga con una parcela en otro lugar de Madrid y que los beneficios queden reservados para beneficio exclusivo del club", explica Justo Calcerrada, portavoz de IU en la comisión de Urbanismo.

La portavoz del grupo del PSOE-Progresistas, Matilde Fernández, discrepa también del administrador judicial. "En este momento hay una cierta garantía con el control judicial del club, pero rechazamos el convenio tanto por motivos urbanísticos como técnicos. Vemos muchísimas formas de colaborar desde la corporación con el deporte que no es destrozar la ciudad", dice Matilde Fernández.

"En Francia, por ejemplo, los ayuntamientos, en lugar de aparcamientos para los vehículos particulares, lo que están haciendo actualmente es financiar los trayectos en transporte público como el tren, el metro o el autobús. El aparcamiento junto al Vicente Calderón, sólo va a dar servicio a unos pocos ciudadanos, pero atraerá a un gran número de coches a la zona, con los problemas de tráfico que eso conlleva. El convenio destroza un área destinada en origen a zona verde, y no creo que eso sea en beneficio del interés general", concluye la portavoz socialista.