La Comisión Europea debate una reforma interna de mínimos

Cuatro meses después de ser encargado por Romano Prodi de realizar la importante tarea, el ex líder laborista británico y actual vicepresidente de la Comisión Europea, Neil Kinnock, presentó a sus compañeros reunidos ayer en Estrasburgo el proyecto de reforma interna del órgano ejecutivo comunitario, uno de los objetivos que Prodi lanzó al inicio de su mandato, el pasado septiembre, impulsado por las recomendaciones que sugirió el comité de expertos independientes a raíz de la crisis y posterior dimisión del equipo que presidió Jacques Santer. El borrador que ayer presentó al Colegio de Comisarios no debería despertar teóricamente gran oposición entre los más de 15.000 funcionarios comunitarios, pues ni contempla reducción de personal ni tampoco, en principio, futuros recortes salariales, algo que más de uno temía. Lo que será más difícil a partir de ahora es el reclutamiento de personal contratado, algo que sucedió durante los mandatos de Jacques Delors y Jacques Santer, obligados a afrontar una inmensa multiplicación de tareas. Prevalecerá la tesis de recurrir a las huestes de la casa.

La reforma Kinnock no ha suscitado reacciones de euforia en medios de la Comisión, quizá porque, como señalan algunas fuentes oficiales, "el contenido no responde a las expectativas". En realidad, el proyecto no resuelve el gran dilema que dio lugar a la crisis de la anterior Comisión, es decir, cómo compatibilizar recursos humanos con funciones. Los anteriores equipos necesitaron de personal externo para poder satisfacer mínimamente el abultado volumen de programas de ayuda que la Unión Europea (UE) se comprometió a realizar en Europa del Este y el Tercer Mundo tras la desaparición de la Unión Soviética. "El plan no aborda si con el personal que existe se pueden acometer las tareas actuales", comenta una fuente oficial cualificada.

Para Kinnock sí, pues a partir de ahora el método de trabajo será más racional mediante una técnica de gestión presupuestaria preventiva, habrá un uso más eficiente de los recursos internos y externos de la Comisión, más descentralización y mayor autonomía de las direcciones generales a la hora de gestionar los programas, pero al mismo tiempo más responsabilidad de las mismas y más sanciones en el supuesto de que surjan actitudes de incompetencia o irregularidades. "Tolerancia cero en el fraude y en otras formas de mala conducta es requisito para restaurar la confianza pública en el funcionariado europeo", dice el texto. El plan prevé el establecimiento de una Oficina Auditora Interna, que debería estar ya funcionando el próximo mayo, bajo las órdenes directas del vicepresidente Kinnock, para supervisar los sistemas de gestión y control y operaciones de la Comisión.