El órgano disciplinario del Poder Judicial propone expulsar a la juez Ramírez
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso ayer la sanción de separación de la carrera judicial para la ex juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, por mayoría de tres votos frente a los dos de los vocales próximos al Partido Popular. La propuesta será debatida por el Pleno del CGPJ que se reunirá el día 26.La comisión disciplinaria, integrada por cinco vocales, acordó proponer para la juez Ramírez dos sanciones. La primera se refiere a que la magistrada debió comunicar al Consejo su incompatibilidad para ejercer en una ciudad de menos de 100.000 habitantes en la que su familia tenía importantes intereses económicos. Por esta falta, considerada "muy grave" y prevista en el artículo 417.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Disciplinaria propuso, por unanimidad, una sanción de un año de separación de la carrera judicial.
La segunda sanción propuesta se refiere a otra falta muy grave prevista en el artículo 417.8. de la misma ley orgánica, por inobservancia del deber de abstención en los asuntos que guardaban relación con el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, con el que algunos miembros de la familia de la juez Pilar Ramírez tenían suscritos convenios urbanísticos.
Tres contra dos
Esta segunda propuesta fue acordada por tres votos de los vocales Téofilo Ortega y Jacobo López Barja de Quiroga, próximos al PSOE, y Emilio Olabarría, próximo al PNV, frente a los votos en contra de los consejeros Enrique Arnaldo y Manuel Damián Álvarez, ambos del sector afín al Partido Popular.
Arnaldo se pronunció a favor de sancionar a la juez Ramírez por inobservancia del deber de abstención con tres años de suspensión en sus funciones judiciales, en tanto que Manuel Damián Álvarez consideró que esta segunda falta debía ser subsumida en la falta anterior y castigarse ambas conductas conjuntamente.
La propuesta de expulsión de la ex juez decana de Marbella, elevada al Pleno por la comisión disciplinaria, coincide con las propuestas del juez instructor y del ministerio fiscal, y será examinada por el Pleno previsto para el próximo día 26 de enero.
Sin embargo, el estrecho margen con que ha sido aprobada la propuesta y el hecho de que hayan sido los dos vocales del PP los que se han pronunciado contra la expulsión definitiva deja en suspenso la decisión sobre la expulsión de la polémica magistrada hasta el último momento.
La ex juez decana de Marbella está suspendida cautelarmente de funciones desde el pasado día 29 de julio y por eso no ha podido tomar posesión de su nueva plaza como magistrada de la Audiencia de Málaga, precisamente en la sala en la que se instruye el caso Atlético.
