Los Gobiernos central y vasco ponen punto final a la "guerra" por los incentivos fiscales en Euskadi

La guerra sobre el Concierto económico entre la Administración central y las diputaciones forales vascas ha llegado a su fin. El Gobierno vasco y el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, firmarán hoy en Vitoria de forma oficial la paz fiscal. El Gobierno central retirará 75 recursos pendientes a normas forales vascas y las tres Haciendas vascas suprimirán antes de fin de año la normativa más conflictiva, la relativa a las empresas de nueva creación (minivacaciones fiscales, crédito fiscal del 45% y centros de coordinación tributaria).

El acuerdo, negociado entre el Gobierno vasco y el central, bajo la atenta mirada de las diputaciones forales vascas, órganos que poseen en Euskadi las competencias en materia de Hacienda, ha durado seis meses y ha golpeado en los puntos claves del conflicto, las normas forales que afectaban a la empresas de nueva implantación en el País Vasco. Las dos partes, manteniendo el espíritu del Concierto como pacto, han cedido. El acuerdo quiere además parar la dimensión internacional que ha tomado la confrontación. De hecho, uno de los recursos sobre minivaciones fiscales dio lugar a una cuestión prejudicial (consulta) del Tribunal Superior del País Vasco ante el Tribunal de las Comunidades Europeas y se encuentra pendiente de sentencia. La retirada del recurso que dio lugar a la consulta implicaría la de la propia cuestión prejudicial. Las dos partes esperan que el fin de su tensión favorezca también el cierre del expediente abierto por la Comisión Europea contra los incentivos fiscales vascos.

El Gobierno central retirará los 75 recursos que tiene interpuestos contra las normas, órdenes y decretos forales vascos. Los recursos afectan a normas sobre el Impuesto de Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o a incentivos a la inversión.

El Gobierno vasco, en nombre de las diputaciones, se compromete a derogar la normativa más criticada, la referente a las empresas de nueva instalación. Parte de esta normativa se venía aprobando año a año ligada a la aprobación del Presupuesto de cada territorio, de forma que las sentencias llegaban siempre a normas ya derogadas. El acuerdo fiscal supone así el fin de las llamadas minivaciones fiscales que se aplicaron por vez primera en 1996, antes vinieron precedidas por las vacaciones fiscales que tenían una duración de diez años. Las minivaciones suponen una rebaja del 99% en el Impuesto de Sociedades el primer año, del 75% el segundo año, del 50% el tercero y del 25% el cuarto. Esta normativa se aplicaba a las empresas que desembolsaran un capital mínimo de 20 millones de pesetas, que inviertan en los dos primeros años 80 millones en activos materiales fijos, que creen 10 puestos de trabajo como mínimo y que no estén sujetas al régimen de transparencia fiscal o nazcan fruto de una fusión o absorción.

Las diputaciones también retirarán el crédito fiscal del 45%, que ya no estaba en vigor en Álava, para las inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas. Por último, el acuerdo supone el fin de los llamados centros de coordinación tributaria, una figura que buscaba la instalación de las cabeceras de grandes multinacionales.

El acuerdo, en definitiva, busca terminar con la confrontación y la judicialización del Concierto. Así, se pone en marcha una comisión paritaria de evaluación donde se discutirá la normativa fiscal de ambas partes y se limarán asperezas. Además las partes se comprometen a negociar y defender el Concierto tanto fuera como dentro de España. La patronal vasca Confebask expresó su "extraordinaria satisfacción" por el pacto que "desjudicializa" el concierto económico.