El PSOE acusa a Villalonga de ilegalidad al frente de Telefónica
La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, María Teresa Fernández de la Vega, acusó ayer al presidente de Telefónica, Juan Villalonga, de "ilegalidad" en la gestión de la compañía por haber permitido el enriquecimiento "desmesurado" de los consejeros y directivos del grupo en detrimento de sus accionistas particulares. "Afortunadamente, hemos podido comprobar que los accionistas de Telefónica se han decidido a poner límite al escándalo de su gestión", afirmó la diputada socialista sobre la denuncia presentada por dos accionistas particulares contra Villalonga por un supuesto incumplimiento de los estatutos de la compañía.El artículo 28 de los estatutos de Telefónica prohíbe al consejo cobrar sus retribuciones si no se reparten dividendos entre los accionistas y éstos fueron suprimidos en 1998 por acuerdo del propio consejo y de una junta general celebrada en marzo de 1999.
Además, un estudio jurídico al que ha tenido acceso EL PAÍS afirma que los estatutos de Telefónica no debieron ser admitidos en el Registro Mercantil porque pueden incurrir en ilegalidades. Su admisión, señala, puede considerarse discriminatoria para otras compañías que, habiendo presentado sus estatutos en las mismas condiciones, fueron rechazados.
Retribución polémica
El informe se basa en que los estatutos de Telefónica no establecen concretamente el porcentaje de los beneficios al que debe corresponder la retribución del consejo, sino que se limitan a fijar un límite máximo ("de hasta el 0,50% de los beneficios"). Según el estudio, realizado para una empresa del sector, esa forma de fijar la retribución del consejo "no es conforme con la orientación interpretativa de la dirección general de los Registros y del Notariado, caracterizada por su rigidez en este punto". Los 20 miembros del consejo de Telefónica percibieron en 1998 un total de 1.057 millones de pesetas, lo que supone una media de 52,8 millones de pesetas, y multiplicar por 3,82 veces las retribuciones percibidas en 1996, el año en que Villalonga asumió la gestión.
Fuentes jurídicas señalan que las irregularidades en la fijación de las retribuciones del consejo pueden provocar que más accionistas se sumen a la demanda ya presentada por este motivo el pasado 29 de diciembre en un juzgado de primera instancia de Madrid.
[Por otro lado, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, preguntado ayer por los beneficios que percibirán los directivos de Telefónica y su presidente por el plan de opciones sobre acciones (más de 50.000 millones, según los últimos cálculos), afirmó que el Ejecutivo "ha hecho lo que tenía que hacer": una "valoración negativa" de esos planes de retribución, aumentar su fiscalidad y "propiciar la máxima transparencia", informa Efe].
