El Consell extrema el control fiscal en los conciertos

El Gobierno de Eduardo Zaplana no está dispuesto a que el escándalo de fraude tributario detectado por el Ministerio de Trabajo en uno de los 10 polémicos colegios de élite y del Opus Dei concertados en agosto pasado, se repita y, mucho menos, que salpique las elecciones generales. Así, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó el 22 de diciembre una modificación a la orden de la Consejería de Educación que regula el acceso a régimen de conciertos de los centros educativos privados, en la que se endurecen los controles fiscales, en los mismos términos que adelantó este periódico el 13 de noviembre. La próxima solicitud de conciertos, que en febrero deberá ser sometida a consulta de la comisión respectiva para aprobarse antes de abril, contempla la solicitud expresa de que los colegios privados que soliciten subvención deberán "estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social".Los titulares de los centros privados beneficiarios tanto de un nuevo concierto, como de la prórroga, renovación o modificación deberán aportar a la hora de formalizar la solicitud documentación que acredite "la persona física o jurídica y la circunstancia de que ésta sea titular del centro", así como la identificación fiscal de la entidad. También se aportará la documentación relativa a los pagos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el número de trabajadores dados de alta, en donde deberán coincidir los datos de la empresa con los del titular del centro docente. Educación exigirá también certificación actualizada de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Consejería de Hacienda, para comprobar que el titular y la empresa cumplen con los pagos tributarios. Y se adjuntará el recibo del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) relativo a la actividad educativa que se solicita.

El caso del María Icíar

La medidas, que en realidad ya forman parte de las exigencias del texto refundido de la Ley de Hacienda de mayo 1996 que no fueron incorporadas en la primera orden de conciertos elaborada por el PP en diciembre de ese mismo año, persigue evitar el escándalo que generó la publicación en octubre de una orden de embargo del Ministerio de Trabajo a la subvención concedida por Educación al colegio María de Icíar de Riba-roja, por fraude tributario de 83 millones que, en estos momentos, supera ya los 100 millones.

Educación alegó entonces que fue engañada por el centro, ya que los datos fiscales de la titular María Begoña Rey de Arteaga y los de la empresa Icíar, SL, no coincidían. Sin embargo, no presentó ninguna denuncia por fraude y el asunto generó en una espiral de denuncias, de CC OO y después de UGT y del STEPV sobre el proceso de adjudicación de 690 millones a diez colegios de élite y del Opus, sólo para el primer cuatrimestre, que además ya habían cobrado elevadas matrículas, pese a que es ilegal al estar concertados.