"El fiscal se disculpó conmigo"

El ex consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía Juan José López Martos (Adra, Almería, 1938) vive estos días con una mezcla de alegría tras ser absuelto por la Audiencia de Sevilla en el caso Ollero (cobro de comisiones en la adjudicación de la obra de una carretera en Málaga en 1992) y de amargor por los casi ocho años de proceso y de titulares de prensa. López Martos asegura que el caso ha sido una "cacería política" contra la Junta con el único fundamento que uno de "los trapisondistas" -Jorge Ollero, detenido en junio de 1992 con un maletín con 22 millones, supuesto fruto de una comisión- era hermano de un alto cargo.Pregunta. ¿Cómo se siente ahora, absuelto tras casi ocho años de proceso?

Respuesta. No sé cuál será la felicidad en el paraíso, pero yo he pasado un final de año realmente exultante con mi familia. Sin embargo, cuando leo todavía las cosas que dicen los políticos del PP me indigno. Bueno, mejor dicho, me preocupo porque son quienes nos gobiernan y desde luego hay un tufillo, al menos, de democracia poco sentida.

P. El PP no recurrirá la sentencia pero insiste en que usted es culpable.

R. Tanto el letrado Manuel Seco, que ha representado al PP, como otras fuentes de dicho partido siguen sembrando dudas después de una sentencia tan clara y rotunda a mi favor. Que dice cosas como: "Obró en la adjudicación movido por los intereses de la Administración que debía tutelar" o "No existe la más mínima actividad probatoria que la desvirtúe ". La ambigua posición de este letrado, que es diputado del PP, daría pie a pensar que añora el Tribunal de Orden Público, en donde el procesado debía probar su inocencia.

P. La Audiencia de Sevilla ha condenado al entonces director general de Carreteras, Manuel Ollero. ¿Indica esto que había corrupción en la Junta?

R. La sentencia no empaña en absoluto la labor de la Junta ni la de Manuel Ollero. La sentencia le condena por revelación de secretos, pero esto tiene muchos matices. Por lo menos había cuatro personas que sabían que la variante económica [posponer el cobro hasta después de que la obra estuviera acabada] era muy importante por los gastos que asumía entonces la Consejería. Además, muchos de ellos hablaban de estas cosas en los pasillos y cualquiera pudo oírlo.

P. Obras Públicas era la Consejería estrella en los años previos a la Expo de Sevilla.

R. En aquellos años manejábamos casi la mitad de las inversiones de la Junta. Si tenemos en cuenta las obras del Mundial de Esquí, que hicimos por la vía extrapresupuestaria, más del 50%. Hablamos de 130.000 millones.

P. Mucho dinero en una época en la que hasta el entonces ministro José Borrell se reunió con las constructoras para pedirles que ignoraran a los que exigían comisiones.

R. Bueno, este episodio no fue más que unas personas, unos trapisondistas, se aprovecharon de que uno era hermano de un alto cargo, de Manuel Ollero, y se montaron un pequeño tinglado bastante necio. Yo no tenía noticia de que hubiera comisionistas a nuestro alrededor. Aunque sí es cierto que el ministro Borrell reunió a los constructores para pedirles que no pagaran esas extorsiones y por eso estábamos alerta.

P. Manuel Ollero admitió en el juicio que sabía de una denuncia sobre comisiones en la obra de la carretera Úbeda-Baeza en esa época.

R. Ese caso concreto es un ejemplo de nuestra seriedad. La empresa que hizo esa variante dijo que había recibido una llamada pidiendo una comisión. Se negaron a pagarla y se les adjudicó la obra.

P. ¿Y la financiación del PSOE? En su alegato final, el fiscal aseguró que no sabía donde estaban cerca de la mitad de los 127 millones que se cree que pagó la constructora Ocisa, algo que el PP aprovechó para asegurar que habían ido a parar a las arcas socialistas.

R. El fiscal, cuando fui a recoger la sentencia, se disculpó conmigo, porque era su obligación. Es un gesto gallardo. En la comisión de investigación del Parlamento andaluz quedó claro que el PSOE no tenía nada que ver. El fiscal no sabe dónde está el resto del dinero, porque igual no se pagó. Y tras la comisión, los partidos no mantuvieron la acusación contra el PSOE.

P. ¿Considera este proceso más político que judicial?

R. Afortunadamente para mí y para el Estado de derecho, la clarísima politización de este juicio desde su fase instructora se quiebra en la vista oral. En 1939 mi padre no tuvo la oportunidad de defenderse y yo he salido libre porque había magistrados responsables.

P. ¿Se ha sentido usted más perseguido que juzgado?

R. Podría parecer que si se dice que todo ha sido una cacería política sería exagerado, pero hay datos. En marzo de 1992, el entonces jefe de la Policía Judicial, el señor José Antonio Vidal , le envió a la juez Pilar Llorente un informe escrito en el que aseguraba que yo formaba parte de la red de comisionistas. Pero en la vista oral aseguró que no me había investigado. Si dijo la verdad, ésa es una afirmación gratuita, y no entiendo como sirvió para incriminarme. Aunque yo creo que sí que me investigaron, porque había que cazar al consejero.

P. ¿Así de rotundo?

R. Digo esto porque resulta que el que aparecía en el ojo del huracán era Jorge Ollero y resulta que en la sentencia se va con una pena menor y por un delito que no pudo cometer, que es el de tráfico de influencias. ¿Qué influencia podía vender? Además, ¿para que está la policía? Si tenían datos para detener a estos comisionistas desde marzo ¿porqué no se les detiene hasta el verano? Yo tengo derecho a pensar que es que se iba a por el consejero, no a por Juan López Martos; se iba a por el consejero de Obras Públicas.

P. Pero detrás de las actuaciones está la juez instructora.

R. Ésta es una de las instrucciones que el Poder Judicial debería revisar a ver si corresponden sanciones: 15.000 folios, 2.400 horas de grabación, 50 testigos ocho años... y, al final, esto se queda casi en agua de borrajas, excepto por la multa a los directivos de la constructora. Durante la fase instructora, el fiscal varias veces llamó la atención a la juez sobre mi condición de aforado para trasladar mi caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

P. Pero no le imputó hasta diciembre de 1994, cuando usted ya había dejado el cargo.

R. Ya ve.

P. Podría incluso decirse que el que no se aceptara la nulidad por irregularidades en las escuchas le ha venido bien.

R. Yo ahora estoy feliz de que se haya llegado hasta el final, aunque creo que se han violado derechos fundamentales con las escuchas telefónicas y ésos siempre están por encima. El Estado de derecho no es sólo de los políticos, es de todos. No sé hasta qué punto la falta de respeto o estos martirios de la política con minúsculas, en la que se ve al adversario como objetivo a destruir sin importar el cómo, están degradando la vida pública.

P. ¿Le ha quitado este caso las ganas de hacer política?

R. No, nunca. Pero estamos en una época muy difícil. Casos como el mío pueden alejar de la política a personas como yo, que se acercaron a echar una mano. Son necesarias las personas que acuden a ella durante un tiempo dado a cumplir una función.